El pasado 3 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual nuestro país es parte, dice a la letra: “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
En nuestro país viven 20.8 millones de personas que tienen alguna discapacidad, quienes durante los últimos 4 años, se han enfrentado a una serie de lamentables decisiones, en perjuicio de sus derechos fundamentales, por dar algunos ejemplos de lo que genera la improvisación: el CONADIS, la instancia pública más importante para la atención de las Personas con Discapacidad, no cuenta con titular, desde el inicio de esta administración.
En materia de acceso a la educación, de acuerdo con datos del CONEVAL el 48% de las personas con discapacidad, se encuentran en un rezago educativo, ignorando esta grave situación, nos enfrentamos a la eliminación del Fideicomiso para el Bachillerato General, en sus modalidades no escolarizada y mixta, por la cual casi un millón de jóvenes con discapacidad perdieron la oportunidad de seguir estudiando.
Sumado a esto, la desaparición del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), programa destinado a proyectos de inversión que promovieran la integración y acceso en igualdad, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente. Miles de niñas y niños sordos, continúan en espera de una respuesta para acceder a implantes cocleares y tener la oportunidad de escuchar.
Tristemente no existe una política pública integral con la cual se apueste a que las Personas con Discapacidad, puedan alcanzar su pleno desarrollo, hoy se limita a la entrega de poco más de 40 pesos diarios. Urge pasar del discurso a las acciones, es inadmisible, por un lado, hablar de inclusión y por otro, eliminar programas fundamentales, garantizar los derechos de todas y todos debe ser prioridad de estado, se trata de su dignidad, independencia, libertad y felicidad.
No olvidemos que todos tenemos un pase a la discapacidad, sumemos todas las voluntades y corazones posibles para la construcción de una sociedad realmente justa e incluyente.
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