Un nuevo caso de sospechosismo alcanzó a Manuel Bartlett. Una turbia relación con el magnate del autofinanciamiento, Juan Antonio Hernández, abre un abanico de dudas y componendas alrededor de la empresa productiva del Estado.
Resulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó hace unos días la convocatoria para contratar el servicio de arrendamiento vehicular para los ejercicios 2022-2025. En términos generales, requiere como mínimo 7 mil 323 vehículos y como máximo 14 mil 646 unidades. Sin embargo, lo que se presenta como un “Concurso Abierto”, podría traer disfraz de corrupción con miras al desastre y es que no existe en México ni en el mundo la flota vehicular que solicita a través del concurso CFE-0001-CASAT-0003-2022.
Las autoridades federales conocen la situación de las principales armadoras que surten este tipo de unidades al país, por lo tanto, es una simulación de la empresa productiva del Estado. Al interior de esta dependencia se comenta que el objetivo del procedimiento es beneficiar al actual proveedor, Arrendomóvil de México, de Juan Antonio Hernández, que reiteradamente ha incumplido con la entrega de vehículos.
A pesar de que se mueve con bajo perfil, el dueño de la filial del Grupo Autofin provocó un verdadero desastre en la CFE. La firma fue de tropiezo en tropiezo desde el primer minuto. No pudo dar cumplimiento al contrato de 4 mil 788 millones de pesos que firmó con la CFE y puso en riesgo al Sistema Eléctrico Nacional, área estratégica del Estado mexicano.
Esta asignación fue el resultado de la licitación CFE-0001-CASAT-0023-2019 convocada en diciembre de 2019, por la Gerencia de Abastecimientos para el arrendamiento de una flota de 9 mil 856 vehículos por un plazo de cuatro años, de marzo de 2020 a marzo de 2024. El 20 de enero de 2020 se declaró ganador de 32 de las 42 partidas a Arrendomóvil.
La firma estaba obligada a entregar 8 mil 903 vehículos para las actividades sustanciales de la CFE, pero seis días antes de que se cumpliera el plazo de entrega del 90 por ciento de la flota, pidió una prórroga alegando afectaciones por la pandemia. Tres meses después solicitó nuevamente prórroga aludiendo otra vez que el virus provocó el cierre de oficinas y no pudo verificar 2 mil 499 unidades, ni conseguirles placas o tarjetas de circulación.
La serie de incumplimientos le ameritaron sanciones a la proveedora. Hasta noviembre de 2021, la CFE le había impuesto deducciones por un importe acumulado de más de 192 millones de pesos y penalizaciones por 16 millones.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), todavía bajo la tutela de Irma Eréndira Sandoval abrió el expediente 6104/2020/PPC/CFE/DE29, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por David Colmenares, revisó con lupa el papel de l
a CFE y de la firma.
De acuerdo con su informe de resultados (475-DE), la CFE omitió hacer algunas actas de entrega recepción de los vehículos y hubo inconsistencias en las actas que sí se hicieron. La ASF emitió promociones de responsabilidad administrativa porque no se documentaron los convenios modificatorios con las respectivas actas circunstanciadas y porque la CFE no documentó la aplicación y recuperación de deducciones por 70.7 miles de pesos de los vehículos que estuvieron en mantenimiento en los talleres sin vehículo sustituto. Incluso el órgano fiscalizador encontró que la CFE adjudicó de manera directa un nuevo contrato, cuya vigencia duró apenas unos meses, para tratar de solventar las faltas de Arrendomóvil.
Pese a esto, todo apuntan a que existe la firme intención de extenderles el contrato. Ahora, la Función Pública, de Roberto Salcedo, y las autoridades judiciales ya tienen en la mira esta licitación, el objetivo es tratar de evitar un nuevo desastre. Mientras tanto, los posibles proveedores van a presentar sus ofertas el 5 de mayo y el fallo está programado para darse a conocer el 13.
