La afinidad ideológica a la cuatroté por parte de la ministra Margarita Ríos Farjat, la obnubila. Desde hace 15 con la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, su caso se ha enturbiado. Primero en el sexenio de Felipe Calderón hasta la actual administración. Desde 2019, la exjefa del SAT, tiene en sus manos el expediente y ha evitado atraer el caso de desaparición forzada ocurrida en 2007 en perjuicio de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, en el estado de Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruiz.
De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, la Corte no ha emitido pronunciamiento alguno, ni tampoco ha proporcionado audiencia a los familiares y organizaciones acompañantes que desde hace dos años han solicitado reunirse con la ministra a cargo de elaborar el proyecto de dictamen, la ministra Margarita Ríos Farjat. Hace una semana nuevamente se solicitó una audiencia, pero esta tampoco fue escuchada. Más pruebas de obediencia a la 4-T sería probar cinismo.
En el caso de los eperristas detenidos hay ocho detenidos actualmente en diversos penales federales por su participación en su desaparición forzada, y dos prófugos, entre ellos el exprocurador del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez y el entonces director de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández y a pesar de tener indicios de la participación de elementos del Ejército en el hecho, éstos siguen sin ser investigados.
De acuerdo con las versiones de testigos oculares y las investigaciones, el encargado del hotel “El Árbol” comentó que unos militares entraron a detener a unas personas que tenían armas en su cuarto. Para el 26 de mayo el gobernador Ulises Ruiz ya tenía información de que habían sido detenidos miembros destacados del EPR. Así, tanto la Procuraduría local encabezada por Evencio Nicolás y efectivos del Ejército hacían trabajo de contraespionaje tras la detención. Y Pedro Hernández se convirtió en el verdugo de los eperristas y ahora un represor en fuga.
La sentencia del juzgado 4 de Distrito de Amparo en materia penal del Distrito Federal, la cual concede la demanda de amparo en favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ordena a diversas instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República, así como al gobierno de Oaxaca, realizar todas las diligencias necesarias para localizar a los dos desaparecidos, por lo cual se tendría que permitir el acceso a cualquier instalación militar donde se presuma puedan estar. La sentencia también obliga tomar declaración a todos los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007, así como a los funcionarios del gobierno que encabezó Ulises Ruiz en Oaxaca. Además, obliga a reconocer y crear una comisión especial de búsqueda para este caso, así como una serie de medidas de satisfacción y reparación integral del daño.
En este camino falta que se cumpla en su totalidad con lo establecido en el amparo y la decisión abone para que la resolución de la corte vaya más allá y ordene la investigación de los efectivos castrenses y la búsqueda de los activistas en los campos militares.
