A seis meses de concluir la cuatroté, del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los pendientes más explosivos, y que será una herencia al siguiente gobierno, es el de la deuda histórica con los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Y es que las palabras del presidente desde sus primeros días electo fueron: “se va a hacer justicia y que, en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”.
Sin embargo, en las postrimerías del sexenio, la relación entre el gobierno y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos está quebrada. En resumen, sólo dos personajes son señalados, Jesús Murillo Karam, exprocurador y Tomzá Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de tortura, desaparición forzada y coacción de servidores públicos. Los resultados del gobierno resultaron magros.
Fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que inició trabajos con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República, a cargo de Omar Gómez Trejo; sin embargo, dejó el cargo y ya había visos de que las promesas y trabajo sólo iban en círculo.
Los padres de Ayotzinapa manifestaban su molestia por la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados para castigar a autoridades, tanto civiles como militares, que participaron en la desaparición de sus hijos y en la fabricación de la denominada verdad histórica en el sexenio pasado.
Ante ello, la presión para la cuatroté fue inevitable. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le comenzó a escurrir la simpatía ganada con el movimiento de padres de familia y entró en una espiral de confrontación directa. Los modos y las declaraciones sacaron a flote el desencanto.
En junio de 2020, Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, se volvió el primer objetivo de alto nivel del Gobierno cuando se giró tanto orden de captura como ficha roja de la Interpol en su contra. Sin embargo, hasta la fecha sigue prófugo en Israel.
La polémica continuó cuando se dio a conocer que Encinas había sido espiado por el Ejército con Pegasus, el software adquirido por Zerón. La respuesta de López Obrador causó críticas, pues pidió no darle importancia al asunto. Encinas dejaría el cargo en noviembre de 2023 para sumarse a las campañas de Morena. La salida y las señales de confrontación alejaron más los resultados de los 43.
Pero es en el último año del sexenio cuando se declaró la ruptura. En el libro “¡Gracias!”, López Obrador afirma que el caso Ayotzinapa “nunca se va a cerrar”. Versión que retomó en su mañanera del 15 de febrero al reclamar que los padres y sus asesores habían politizado el tema en lugar de ayudar a resolverlo.
La situación llegó a un nuevo nivel el miércoles 6 de marzo cuando, tras una semana de plantón, normalistas trataron de ingresar a Palacio Nacional estrellando una camioneta en una puerta. López Obrador acusó que los padres “están siendo manipulados” con ello no se da carpetazo al caso, pero pasa a manos del siguiente gobernante del país.
Israel Mendoza Pérez
@imendozape