Los casos espectaculares como el de Emilio Lozoya y Rosario Robles, se vuelven un batidillo administrativo-judicial provocado en buena manera por el choque protagónico del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el investigador financiero de hacienda Santiago Nieto Castillo.

A esto se suma que no existe un mecanismo efectivo de colaboración entre las dependencias que encabezan. El resultado son investigaciones cojas y un crimen organizado que ya encontró un socavón en la justicia para no tener miedo a las acciones de alguna de las dos dependencias.

Hasta el momento, la FGR reconoce que no ha efectuado ninguna aprehensión dentro de las indagatorias que derivan de denuncias de la UIF. Esto es el inicio de una doble parálisis ya que por el choque de vanidades y la búsqueda de entregar “peces gordos” no se dan resultados. Y en Palacio Nacional se entregan resultados parciales y en muchos casos esperan la indicación.

Las respuestas de Santiago Castillo a las presiones recibidas en el gabinete de seguridad, en las reuniones de madrugada, en Palacio Nacional se concentran solamente congelamiento temporal de cuentas bancarias. Con el paso de las investigaciones resulta una medida insuficiente; lo que se requiere es que los procesos penales se desarrollen con éxito hasta sancionar a los criminales.

Hasta donde se tiene información, la FGR existen 338 carpetas de investigación iniciadas, derivadas de denuncias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, ahí está otro freno administrativo ya que además del choque de vanidades, —por demás ventilado— no hay una coordinación institucional.

Para los especialistas, resulta de especial preocupación que la FGR de Gertz Manero reporte solamente dos expedientes judicializados ya que eso no es eficiencia para un gobierno en el que la lucha contra el pasado es una preocupación. Aun así, los resultados están a la vista, hay un fortalecimiento de los grupos delincuenciales en el país y los casos políticos-judiciales como el de Lozoya y Robles se quedan en el tintero y sólo en movimientos de relumbrón mediático.

De esta manera, la falta de entendimiento entre funcionarios provoca que un aumento de los flujos financieros en los últimos años dos años y al exterior se muestra que México no cuenta con una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud.

Y es que la baja efectividad que muestra la dupla Gertz-Nieto para sancionar penalmente a los responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se debe en buena medida a que esas instancias no están unidas en un solo sistema.

Además de que la Unidad de Inteligencia Financiera es de tipo administrativa que depende de Hacienda y no de un área dedicada a la procuración de justicia o de investigación policial pone de relieve que es un cargo que se da directamente de la Presidencia de la República, en tanto que el fiscal general tiene autonomía plena.