El debilitamiento progresivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se debe a la ruptura del paradigma de la defensa y promoción de los derechos humanos. En manos de la cuatroté, a la institución la convirtieron en un “colectivo”, no sólo en su trabajo operativo sino en la mala administración de los recursos y vulnerabilidad en la protección de archivos de la misma. Ello, la tiene en una crisis interna que se agrava.
Rebajar a la CNDH a nivel de organización social es una irresponsabilidad, ya que se pierde calidad en la defensa de los derechos de las personas y demás activos que le dan a la comisión un carácter nacional y de contrapeso. La irresponsabilidad no sólo recae en la visión sesgada de la ombudsman Rosario Piedra, sino también del segundo a bordo, el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa. Su área es uno de los ejes centrales de la comisión; sin embargo, su inconsistencia administrativa raya en la improvisación y la ignorancia.
El desconocimiento de los procesos administrativos de la CNDH, por parte de Estrada Correa son graves. Las auditorías llevadas a cabo a su área muestran cada una de las pifias cometidas por omisiones, errores y sobre todo, improvisación en las decisiones. La Auditoría 21/2021 exhibe que de la partida presupuestal 33501 “Estudios e Investigaciones”, la Secretaría Ejecutiva gestionó dos servicios en criminalística en los meses de junio y julio de 2021, con el objetivo de llevar una investigación para la atención a una recomendación por un importe de 98 mil 600 pesos. Los prestadores de servicios fueron los especialistas en criminología Alfredo Rodríguez García y Álvaro Segovia Cruz. Si bien estuvo bien justificado el gasto y el enlace Administrativo de la Secretaría Ejecutiva, demostró que existe la evidencia del entregable (testigo) en forma impresa de conformidad con lo solicitado en la orden de pago, consistente en el Dictamen de Opinión Médica Técnica y Contrainforme en Mecánica de Hechos en atención de la Recomendación 2007/091/2/Q y Recomendación 34/2007 que tiene que ver con el caso de Ernestina Ascencio Rosario.
En este gasto “no se adjudicó en la documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, nota que mencione que el testigo es considerado como reservado o confidencia”.
Es decir, el Enlace Administrativo omitió adjuntar en la documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, la nota firmada en la que se señale que la información obtenida del servicio solicitado es considerada como reservada o confidencial.
Y este es un caso, pero es el área que encabeza Francisco Estrada que muestra esas debilidades y desconocimiento de la administración pública. No es sólo su estilo personal de manejar a la comisión. Eso es parte de un modelo de trabajo en el que se concentra el poder y se rodea de equipos con constantes fallas que deben ser subsanadas tras el estallido de una crisis administrativa en la que tienen sumida a la CNDH.
