En ocho años del caso Ayotzinapa hay menos claridad y más pasos que llevan a una intrincada relación político-delincuencial en el estado de Guerrero. El principal protagonista, Ángel Aguirre, exgobernador, sigue siendo la pieza clave. Aunque ello, vuelva a propiciar cambios en investigaciones y giros inesperados en un caso que se mantienen con la herida purulenta.
Y es que no es novedad para el gobierno federal que el cártel Guerreros Unidos está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esa línea se han concentrado mayormente los esfuerzos de las autoridades por esclarecer este caso que trastocó el rumbo de la administración de Enrique Peña Nieto y que fortaleció al, en ese entonces, opositor Andrés Manuel López Obrador, que desde que asumió el poder, ha prometido una y otra vez esclarecer todo lo acontecido esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Sin embargo, si verdaderamente Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, quieren llegar al fondo de las desapariciones, deben continuar la investigación que relata las relaciones personales y sentimentales que por más de 10 años sostuvo Ángel Aguirre Rivero y María de los Ángeles Pineda Villa, principal dirigente de Guerreros Unidos y hermana de Mario Pineda Villa, alias ‘El MP’, y de Alberto Pineda Villa, alias ‘El Borrado’, ambos asesinados hace 8 años y miembros de la organización criminal de los hermanos Beltrán- Leyva.
El romance del entonces gobernador de Guerrero con María de los Ángeles Pineda en complicidad y total conocimiento de las actividades delictivas del matrimonio Abarca-Pineda, llevaron a impulsar políticamente a su esposo José Luis Abarca Velázquez, preso y acusado de la desaparición de los estudiantes; como presidente del Comité Directivo Municipal en Iguala y posteriormente designado por Aguirre Rivero como candidato a la presidencia municipal de ese municipio por parte del PRD.
En las investigaciones que ha realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, uno de los líderes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, asegura que este grupo criminal, financió la campaña a la gubernatura del mencionado Ángel Aguirre Rivero y junto a él y con su ayuda planearon que este grupo criminal tomara el control de los municipios de Iguala, Cocula, y Huitzuco, así como de los cuerpos policiacos de la zona centro de Guerrero.
Varias fuentes allegadas al caso, afirman que profundizar esta línea de investigación y presentar ante un Juez Federal a Ángel Aguirre Rivero como perteneciente y cómplice de esta organización criminal, es lo que realmente se necesita para dar un giro a la supuesta “verdad histórica”. Y es en este sentido también la insistencia de los padres de los estudiantes desaparecidos y a su representante jurídico, Vidulfo Rosales Sierra.
Es necesario recopilar las evidencias que obran en los expedientes judiciales para corroborar la participación directa de la policía estatal, dependiente del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como de la dirección estatal de protección civil, las cuales convirtieron esa madrugada de septiembre en una cacería humana de los estudiantes de la escuela Normal Superior Isidro Burgos.