La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes, arrastra por el fango, el modelo humanista adoptado por la cuarta transformación. La dependencia encabezada por Francisco Garduño, comisionado en el Instituto Nacional de Migración (INM), supera a la Guardia Nacional en quejas por violaciones de los derechos humanos. Es prueba suficiente que sin ser un cuerpo armado es un brazo represor.
La reciente tragedia en el centro de detención es considerado un crimen de lesa humanidad. Por ello, Garduño Yáñez tiene una responsabilidad “moral e histórica” con los migrantes latinoamericanos. Además de que son numerosas las acusaciones, por parte de organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, de corrupción en todo el sistema de migración del país, en el que desde abogados, funcionarios y guardias, exigen sobornos para permitir la salida de migrantes detenidos. Lo peor en este bochornoso caso para el gobierno de la cuatroté, es que la CNDH se prestó a un sainete.
El director general de la Quinta Visitaduría, Raúl Arturo Ramírez, visitó el centro de detención migratoria y la consigna es clara: mostrar la cara de la presencia de la CNDH y armar una carpeta de testimonios. Pero es un movimiento tibio. No hay una condena por parte de Rosario Piedra ni mucho menos una declaración que presione la salida del comisionado nacional del INM, Francisco Garduño.
A final de cuentas, la respuesta será vacua y bajo el pretexto de la carencia de dientes por parte de la CNDH, la nueva recomendación quedará archivada en el escritorio del titular del INM. De acuerdo con las cifras rojas, de 2019 a 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) se convirtió en la tercera autoridad con más quejas por violación a los derechos humanos, solo superado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
En 2019 el instituto recibió 714 señalamientos y en 2022 fueron dos mil 141, una diferencia de dos mil 67, según una revisión de los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El alza se dio desde el momento en que Garduño Yáñez llegó al frente del INM. Es decir, aplicó la política de “atrápalos en caliente”.
El año en el que hubo un incremento mayor en los señalamientos fue entre 2021 y 2022 con 72.8 por ciento. De enero a diciembre del año pasado, el INM recibió 2 mil 141 quejas, 902 acusaciones más que en el mismo periodo de 2021.
Y es que el país, en materia migratoria, se encuentra quebrado y presionado. Principalmente por Estados Unidos para frenar la llegada de migrantes a la frontera, ya que es difícil en función del propio proyecto de gobierno del presidente. Es un bajo presupuesto y con pésimas condiciones operativas y administrativas en las que se encuentran los albergues.
Las condiciones de impunidad se perfilan para encubrir, por parte de la CNDH, a los altos mandos del INM ya que el migrante venezolano de nombre Jeison “N”, acusado de comenzar el incendio, sólo sufrió lesiones leves y fue dado de alta del hospital y se encuentra en condición de detenido. Sin embargo, ese migrante, junto con tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración y dos guardias de seguridad del centro de detención, enfrentan cargos de homicidio y de lesiones. En tanto, Garduño goza del manto protector de la Presidencia y del apapacho encubridor de la ombudsman carnal, Rosario Piedra.