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Opinion

#Dobleces Expediente atascado

Al interior de Instituto Politécnico Nacional (IPN), se habla con insistencia de una serie de irregularidades, en áreas de limpieza y servicios generales, solapadas por funcionarios de alto nivel. Si el director sabe de estos casos y no toma cartas en el asunto, está por estallarle un escándalo donde se involucra una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Si desconoce el tema, alguien de sus cercanos ya saltó su autoridad.

El asunto se encuentra en un lento caminar por la burocracia interna del instituto, ya que los recursos legales para averiguar diversas irregularidades siguen atascados, a pesar que una denuncia de hechos suma más de dos meses radicada en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero.

A finales de febrero de este año, la empresa Semalyn acusó que la adjudicada, Joad Limpieza y Servicios, incumplió con una serie de requisitos a la licitación por invitación restringida IA-011B00001-E32-2022, por lo que se alega que su proposición debió ser declarada insolvente, pero como es sabido, en lugar de quedar fuera del concurso, obtuvo un contrato por más de 300 millones de pesos.

Como se ha dado seguimiento a este caso, las faltas tienen que ver con la omisión de supervisores, a pesar que las autoridades de la institución educativa requerían uno de ellos por cada grupo de 10 a 50 afanadores. Se trata de un cargo fundamental, ya que de su puesto depende revisar la distribución de los operarios en las áreas del inmueble, el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo, el cumplimiento del programa de trabajo, el cumplimiento de turnos, así como la correcta ejecución de las actividades, por mencionar algunas.

Pero eso no es todo, ya que al ofertar 370 pesos como costo para fines de semana y días festivos superó los precios límite que establece la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, para la adquisición de este servicio, así, se ha puesto sobre la mesa la supuesta comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades por parte de los servidores públicos que asignaron el jugoso acuerdo, señalamiento que implica responsabilidades asentadas en el artículo 217 del Código Penal Federal.

Con dichos argumentos de por medio, el 15 de marzo anterior se llamó a la denunciante a reconocer el escrito el 23 del mismo mes, sin embargo, a pesar que se presentaron pruebas documentales para acreditar las disonancias entre la Convocatoria del IPN y la documentación que finalmente presentó Joad Limpieza y Servicios, la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0001/2022 persistiría sin avances.

Sobre la empresa relacionada en el sector a José Juan Reyes Domínguez, también han surgido testimonios por la supuesta afiliación a destiempo de decenas de afanadores, aunado a supuestos ofrecimientos para doblar turno sin recibir la paga correspondiente. Entre los involucrados a los que la comunidad politécnica ha apuntado, figura el director de Administración, Javier Tapia Santoyo, así como el recién removido de la dirección General de Recursos Materiales, Noé Miranda Mendoza.

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