La existencia de un fiscal-carnal, como el caso de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, revienta la autonomía y “sana distancia”, pero es necesaria para acomodar las decisiones presidenciales. En el caso Ayotzinapa, la mano del fiscal general se excedió, al grado de generar un retraso futuro en las investigaciones en curso y poner en riesgo la averiguación contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Y es que el fiscal Gertz Manero, a ojos del presidente Andrés Manuel López Obrador, “no ha cometido delitos graves” y en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos “no obstaculizó las investigaciones, ya que su actitud ha sido de colaboración”.
Bajo esas justificaciones, Gertz Manero se convierte en el dueño de la justicia en el país. Pero sus intromisiones tienen el permiso desde Palacio Nacional y con ello, hace de lado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hasta, en cierta medida pisotea, la debilitada credibilidad del subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Ahora, lo que está en ciernes es la “débil judicialización” del caso del exprocurador Murillo Karam. Días previos a la detención del exprocurador general, —19 de agosto— el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio la orden para acelerar la detención de Murillo Karam. Ese día, personal policiaco de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplió la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía y otorgada por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”.
El colaboracionismo de Gertz Manero, se convirtió en “obediencia ciega” a las peticiones presidenciales. El reiterado escenario catastrófico para la Gertz Manero es convertirse en un fiscal por consigna, ya que se corre el riesgo de que no se dicte una condena contra el exprocurador y sólo lo retenga más por intereses políticos y de imagen que, por los delitos imputados.
Lo visto el pasado 27 de septiembre, cuando renunció Omar Gómez Trejo, fiscal encargado para el caso Ayotzinapa, es el cenit del apapacho a Gertz Manero desde la Presidencia por encima de la legalidad. La renuncia se debe a dos puntos clave. La primera justificada —en la mañanera presidencial— se debe a las diferencias en los procedimientos que tomó la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.
En segundo término, la consignación contra el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam y la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que involucraba a militares.
La detención del también exgobernador se convirtió en un punto de inflexión en interior de la Fiscalía. El choque entre Gómez Trejo y Gertz Manero, comenzó cuando el fiscal general ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo por órdenes presidenciales. En ese momento, la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) sugirió un mes para consignar la acusación al juzgado. Gertz tenía la instrucción desde Palacio Nacional de acelerar la aprehensión por temor a fuga o filtraciones. Al grado que por ese arranque, Gertz hizo de lado a la unidad a cargo de Gómez Trejo y el fiscal general ordenó entonces a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo y lo presentara al juzgado. De ahí viene esa debilidad en el caso Murillo que pinta para “fracaso histórico” de Gertz.