La reforma al Poder Judicial se perfila como el primer enredo y choque de los partidos de oposición con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, además de ser costosa y burocrática tiene detrás una carga de intereses partidistas colaterales.
La reforma judicial abre el apetito de los dirigentes de los partidos por tener influencia en el Poder Judicial y jueces afines a sus proyectos. Ese es uno de los riesgos por la extremada politización a la que se somete una elección y, ello trae como consecuencia nefasta, la pérdida de la imparcialidad judicial. Así se advierte el escenario próximo en el país.
Si a este cóctel de intereses políticos en un asunto técnico-jurídico se le debe sumar que se asoma un costo elevado para las arcas del gobierno, contrario a la política de austeridad de la cuatroté, ya que los cálculos más conservadores estiman una erogación de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos para elegir a mil 600 juzgadores.
De acuerdo con los recientes estudios, al elegir a las autoridades jurisdiccionales mediante voto popular, existe el riesgo de que los integrantes del Poder Judicial incursionen en el ámbito político. Esto llevaría a que sus decisiones se basen en intereses políticos cambiantes, influenciados por las demandas del electorado, en lugar de mantener la imparcialidad y neutralidad que se espera de los juzgadores.
Sumar candidatos, ahora para el Poder Judicial, en procesos electorales venideros alerta de las consecuencias de un incremento de inseguridad que deriven de ello. Según DataCívica al menos en el pasado proceso electoral se registraron en el “monitoreo de violencia político-criminal Votar Entre Balas, 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes a un cargo durante el periodo electoral 2023-2024, de las que 34 fueron asesinatos”.
Y es que desde la academia se advierte de que con el voto popular y la posibilidad de realizar campaña por parte de aspirantes a la judicatura, el Poder Judicial se volverá proclive a las presiones externas de tipo político. Desde grandes empresarios, partidos y poderes fácticos. Por ello es que Guadalupe Taddei debe garantizar seguridad a candidatos políticos y judiciales.
Además, los electores no cuentan con la infraestructura para realizar un análisis de perfiles de la magnitud propuesta en la reforma judicial, como sí lo tienen los poderes del Estado.
La explicación es muy elemental, pero el partido en el poder la evade. Una elección es un acto político y los partidos van a buscar la manera de intervenir. Aunque no esté permitida la participación de los institutos políticos, todos van a buscar tener candidatos al Poder Judicial. Eso incluye a Morena y sus aliados.
Lo que puede moderar esta ley es que las leyes secundarias, los requisitos y el diseño del procedimiento para la elección de los cargos judiciales, se abre la puerta a la incidencia de los partidos políticos en los procesos que deberían ser imparciales. Así como propiciar un ambiente de menor crispación.
Israel Mendoza Pérez
@imendozape
