La presidencia débil de la magistrada Mónica Soto, al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los señalamientos en su contra de posibles hechos de corrupción —investigados por la FGR— suman un ambiente negativo en el contexto del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial.

De sus enredos políticos con Dante Delgado, dirigente histórico de Movimiento Ciudadano, tiene conocimiento la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema no es menor ni debe pasar como un hecho aislado. El Poder Judicial se encuentra en la mira del partido en el poder y las pifias de Soto Fregoso son el pretexto ideal para justificar la existencia de una reforma que le quite los privilegios y prebendas a ministros, jueces y magistrados.

A través del expediente 1039/2024-VIAJ, la Suprema Corte respondió al caso de la magistrada Mónica Areli Soto Fragoso y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que fueron acusados ante el Consejo de la Judicatura Federal por incurrir en falta grave al dejar sin resolución una impugnación y con ello apadrinar la ilegalidad de la candidatura presidencial, de Jorge Álvarez Máynez.

La Sala Superior del TEPJF violó el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al causar dilación en la impartición de justicia, la cual tiene que ser pronta y expedita, y desde la fecha de la presentación de la primera impugnación el día 21 de noviembre del 2023, omitió con su función constitucional de resolver sobre la misma y en lugar de ello fue cómplice de Dante Delgado, desechó las impugnaciones y empoderó a Máynez.

La ministra Norma Piña, a través de la respuesta a la queja en contra de los ministros, señaló que no pasa inadvertido el escrito y las determinaciones del expediente JDC-608/2023. Con esto, la crisis de instituciones político-electorales se agudiza y el tribunal lejos de despresurizar los conflictos internos de los partidos, los exacerba.

Mónica Soto no es un puntal de apoyo para el Poder Judicial en el debate de la reforma judicial. Con su actuar, sus relaciones políticas con Movimiento Ciudadano y la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, son elementos suficientes para un relevo urgente en el Tribunal Electoral. Mantener como figura máxima del tribunal a Mónica Soto, es arriesgarse a una confrontación en pocas semanas frente al partido en el poder y la calificación de la elección el 2 de junio. El TEPJF es una de las piezas débiles para la defensa del Poder Judicial.

Y es que, si la corte tiene pleno conocimiento de las fallas de Soto Fragoso, lo que sigue es una batalla sin solidez ante la reforma judicial, ya que se tiene una facción del Poder Judicial que se entrega a los intereses más retorcidos de los dirigentes de los partidos políticos.