La visión sesgada de la magistrada Mónica Soto, por sus compromisos políticos, la orilló a aplicar mano dura en las impugnaciones contra del dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas. La posibilidad de mantenerse dos años en el cargo gracias a Morena, le abrió el abanico de opciones, incluido tener espacios políticos a través de dirigentes partidistas enquistados en el trono. Su apuesta es con todos los líderes partidistas.
Ahora, los expedientes SUP-JDC-952/2024 y SUP-JDC-951/2024, fueron bateados y los reencauzó a la comisión de Justicia Partidaria del tricolor encabezada por Samuel Palma. La argumentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral fue que no se agotaron las instancias internas para la impugnación; sin embargo, ignoró la exigencia de los militantes y exdirigentes que se encuentran en calidad de disidentes y despreciados, ya que ni a la sede de Insurgentes Norte número 59 no pueden ingresar.
Y es que Alejandro Moreno encontró en el veto a los críticos y el uso patrimonialista del partido, la manera de distorsionar la vida democrática del PRI, con lo que retuerce la Ley General de Partidos Políticos, ya en el Artículo 3 fundamenta que los partidos “son entidades de interés público”.
Mónica Soto, la magistrada afín al poder político se encuentra más apegada a los grupos de intereses que ofrecer justicia a la militancia y los ciudadanos. Al final eso le reditúa. Lo mismo trabajó para Dante Delgado y con ello darle recursos y consolidar la enmarañada candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Para darle más años de vida al partido naranja y con ello la obtención de prerrogativas.
Ahora, trabaja de lado del dirigente Alejandro Moreno. Aunque las impugnaciones señalan que la Comisión de Justicia actúa de manera parcial y en contubernio con la dirigencia reelecta del partido, ella simplemente reencauza el asunto y permite el atropello a la militancia. Es el estilo frívolo de la justicia para beneficiar a los poderosos.
Los priistas Benjamín Russek, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, argumentan que “el presidente del partido ha dado instrucciones al personal de seguridad de prohibir el acceso de la militancia para presentar recursos o revisar los estrados, así como la realización de prácticas dilatorias en la tramitación de otros medios de impugnación”. La magistrada se negó a ver el caso desde el salto de instancia (per saltum) solicitado por la parte actora. Cualquier escollo es utilizado para pasarle a otro la responsabilidad.
Sin embargo, la magistrada Mónica Soto también extiende su red de intereses hasta Morena. El tribunal navega entre la indiferencia y el discurso moderado para sostener a los magistrados dos años más y evitar el desprecio de la clase gobernante.
En este caso, fue la magistrada Janine Otálora Malassis, quien hizo la diferencia y su voto fue concurrente, ya que para ella la Comisión de Justicia Partidaria maniobrada por Samuel Palma debería resolver en un plazo no mayor a cinco días y con ello quitarse el estigma de ser tapadera de los arrebatos antidemocráticos de Moreno Cárdenas.