Aunque la revocación de mandato fue una promesa de campaña por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la oposición evitó la confrontación y la ruptura del país. De haberla promovido, el escenario actual, en cuestión de movilización y radicalización de la narrativa, sería parecido al del desafuero. Ahora, sería la victimización desde Palacio Nacional.
A cinco días del ejercicio democrático, la oposición se encuentra desmarcada, y las voces ciudadanas mantienen una crítica sin pedir la revocación del mandato. Por ello es que la consulta se enfila a un desencanto. El que Morena haya tomado el control y distorsionar la revocación con ratificación es lo que le resta interés ciudadano. A final de cuentas, los ejercicios de revocación de mandato han tenido malos resultados en los sistemas presidencialistas en América Latina, donde se han implementado.
En América Latina está prevista la revocación de mandato a nivel nacional o subnacional en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se encuentra reconocida también para el presidente de la República.
El ejemplo más claro es Perú, donde lo tienen a nivel de presidentes municipales y no tanto de Presidente. En aquella nación, las reglas de juego van así: el primer año se puede impugnar, en el segundo se dedica a defenderse y en el tercero ya no puedes hacer nada. Pero ello provoca inestabilidad política.
A final de cuentas, el discurso revocatorio se enfila a una sola persona y la democracia mexicana está sustentada en la división de poderes. Más allá de quitar a un mandatario, se necesita un Poder Legislativo fuerte y una Suprema Corte de Justicia sólida. Además de otras instituciones que funcionan como contrapeso de los tres principales poderes.
Revocar el mandato debe ser aplicado a ciertos funcionarios, incluidos legisladores. Por la malinterpretación hecha por los dirigentes del partido en el poder de revocación/ratificación se estropea el concepto. Incluso, solo utilizar las leyes para sentar un precedente es jugar con la democracia, además de generar un gasto oneroso. No deberían destinarle recursos, este ejercicio no tiene razón de ser, en este caso es un ejercicio que va a ocasionar un dispendio innecesario, no es necesario en esta ocasión, pero para los partidos afines al poder encuentran la oportunidad de mantener a las clientelas cautivas, ya que los programas sociales, también sustentan el ejercicio revocatorio.
Llevar la crítica al INE por instalar 57 mil casillas y no 167 mil es comenzar a crear un ambiente de debilitamiento de una institución. Y es que la visión unipersonal de mandato a través de la revocación genera una narrativa de molestia y que va dirigido a las huestes. La consulta para la Revocación de Mandato es un mecanismo conveniente y existente en la Constitución, pero aún es susceptible a perfeccionarla y fortalecer los mecanismos para llevarla a cabo y en qué momento se debe aplicar este ejercicio de llamar a una revocación. Este último punto es el más sensible para mejorar la reglamentación de este ejercicio de participación ciudadana.