En aduanas se necesita un manotazo antes de tener un coto de poder y un funcionario incómodo. Y es que la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada, a poco más de 27 años de su creación se encuentra vulnerable bajo el dominio de Carlos Alberto Gómez Martínez, director general de Fomento y Administración Portuaria, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pues, sin consultar a sus superiores, ya decidió operarla como negocio, dejando de lado la primicia de su creación, que es la de administrar, supervisar y controlar las actividades en los puertos mexicanos.
En este momento, se puede detener a un funcionario que se encuentra en la antesala de convertirse en un quiste para la cuatroté y desborde sus intereses en un área que comienza a enderezarse.
Con el cliché argumentativo que sus decisiones y operaciones están respaldadas por José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Carlos Alberto Gómez, se aprovecha que el Puerto de Ensenada goza de alta competitividad en el comercio exterior, para inmiscuirse en asuntos pesqueros, turísticos y de carga comercial e industrial, para obtener beneficios particulares. Esto con el movimiento de extender sus dominios y decisiones encontró huecos en los que como autoridad aprovecha el poder y la capacidad de acción que tiene como encargado de puertos y marina mercante.
Afrontar el compromiso de garantizar una mejor seguridad y funcionalidad portuaria, es una lección no aprendida por Gómez Martínez, pues a pesar de tener una ingeniería en Ciencias Navales, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar y haber sido director de Protección Marítimo-Portuaria, ahora deja ver que es más su ambición que su convicción profesional. Así de un momento, a otro, ya se encuentra en el edén de la burocracia y en las mieles del triunfo de convertirse en funcionario de alto nivel y presumir que está entre los consentidos de la cuatroté.
Y es que, vicios hay muchos, pero el de Gómez Martínez parece alcanzar un disfrute en el manejo del sistema aduanal de México a su antojo, haciendo de lado que el fin del decreto presidencial, pronunciado en julio que fue el de otorgar a la Administración de Aduanas su autonomía sobre el SAT, para promover un desarrollo eficaz y libre de corrupción.
Integrantes de la marina mercante cercanos a Carlos Alberto, señalan que sus acercamientos con gobernadores y las relaciones que se comenzaron a estructurar con la independencia que goza le dio “manga ancha” para operar y ganar espacios —fuera de sus funciones— ya que tiene a su favor la novedad del cargo.
Los esfuerzos puestos en la API para desarrollar operaciones sustentables a nivel nacional e internacional no valdrán de nada mientras que “alguien” no le ponga un alto a su nuevo negocio del director general de Fomento y Administración Portuaria y saque, una vez por todas, su cúmulo de intereses de las aduanas mexicanas.