La extrema polarización y politización del debate sobre la prisión preventiva oficiosa, desde el púlpito de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, trae una carga de motivaciones extrajurídicas que daña, principalmente, a sectores, carentes de solventar, una detención, con una sólida defensa.
En términos claros, la prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla; debido a su “abuso” los reclusorios en el país están rebasados. Además, de que la medida atenta en contra de la presunción de inocencia, en un país aspirante, en la actual llamada época transformadora, a consolidar un sistema democrático y de libertades plenas.
Desde la consejería jurídica de la presidencia, encabezada por María Estela Ríos, no se analizan los inconvenientes de mantener la prisión preventiva oficiosa. Sus respuestas son motivadas desde el sesgo político y de conveniencia para un gobierno encargado de llevar un debate jurídico al terreno de la atomización de opiniones.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios estatales 2021 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 se reportaron 108 mil 655 ingresos de personas a los centros penitenciarios del país, de las cuales el 85 por ciento (92 mil 448) no contaban con una sentencia
De este universo, solamente el 15 por ciento de los casos (16 mil 207 personas) hubo una sentencia que los llevó a prisión.
El argumento del ministro Aguilar Morales, fue que la “prisión preventiva oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática” no debe convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales.
Sin embargo, la desproporción y daño al debate, lo llevó el presidente al argumentar: “A veces con todo respeto se usan tecnicismo y se habla de tesis, jurisprudencia, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro”.
De esta manera se exhibe la nula atención de la Consejería Jurídica de la Presidencia. El tema visto desde Palacio Nacional es el de la narrativa de la impunidad y la corrupción, no el de seguir ni atender los temas jurídicos. Se responde a la práctica discursiva de la descalificación inmediata ante un tema que María Estela Ríos no se atreve a explicarle al presidente.
Y es que, lo evidente de acuerdo con los estudios internacionales de organismos defensores de derechos humanos, es que lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla y que por su “abuso” los reclusorios en el país están rebasados, además de que la medida atenta en contra de la presunción de inocencia. Es aquí el punto medular en el que se distorsiona la esencia de la prisión preventiva oficiosa, el convertirlo en una norma y no en una excepción, sí va en contra de la Constitución. Incluso, el proyecto de la Suprema Corte de aprobarse representaría un beneficio económico para el país, pero también más trabajo para los jueces de control.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ver el beneficio económico ni se lo han aclarado, ya que los detenidos, sin sentencia firme, son cerca de 92 mil personas y ese dinero no lo contempla en tiempos de la austeridad republicana.