Una marcada sospecha en las oficinas de trámites vehiculares de Tamaulipas y Veracruz arroja una intrincada red de proveedores que hace ver mal a los gobiernos de Américo Villarreal y Cuitláhuac García, respectivamente. Y de paso afecta directamente a los automovilistas. La historia es un enredo de empresarios con funcionarios que a final de cuentas caen en un caso de corrupción.
En las oficinas de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dirigida por Andrea Marván Saltiel, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, se presentó a principios de diciembre una denuncia que sugiere posibles prácticas monopólicas. La denuncia implica a compañías vinculadas a José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista, así como a otras presuntamente relacionadas con ellos.
Según el informe, al menos seis sociedades se comparten el mercado de contrataciones públicas. Su propósito sería suministrar a varias entidades y dependencias productos destinados a combatir la falsificación, como hologramas, placas, calcomanías, certificados y otros. Sin embargo, incumple con los estándares mínimos de calidad y ello ya trajo problemas al interior de la administración pública.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones, Placas y Señalamientos Mexicanos y Appli-K. La acusación sugiere que José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista han obtenido contratos millonarios con gobiernos estatales e instituciones federales como resultado de esta supuesta división del mercado.
Se detalla que firmaron contratos con dependencias de la administración pública federal al menos desde 2010, la mayoría por la vía de la adjudicación directa. Además, se mencionan asignaciones con gobiernos estatales de prácticamente todo el país, donde supuestamente, en algunos casos se habrían solicitado los productos que tienen patentados, lo que les pudo otorgar ventaja sobre otros competidores.
Refiere también que las placas comercializadas por estas empresas son de mala calidad e incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, la cual establece las características mínimas que deben cumplir las placas vehiculares, entre ellas, que el tiempo mínimo para que la pintura no se desvanezca sea de tres años.
Como consecuencia, en Querétaro de Mauricio Kuri, Tamaulipas de Américo Villarreal y Veracruz de Cuitláhuac García, hay una escalada de quejas por parte de los usuarios, quienes han inundado las redes sociales con fotografías de los defectos en sus placas, pues aparentemente los fabricantes han recurrido a materiales de muy baja calidad y costo para mantener sus patentes que, de acuerdo con fuentes expertas, en la práctica no aportan nada a la seguridad, ya que serían muy difíciles de verificar.
“Estimado contribuyente, le informamos que si cuenta con este tipo de placas y presenta algún desgaste o degradación de la pintura, ingrese a la plataforma y llene el Formato de Reposición por Garantía. El trámite es gratuito”, se lee en un anuncio del gobierno de Veracruz, donde Placas y Señalamientos obtuvo un contrato para proveer de placas. El estado inició en abril pasado un programa de reposición para todos los afectados.
