Corría 2020 cuando Andrés Manuel López Obrador puso bajo la mira al outsourcing, con el fin de evitar abusos contra los trabajadores. En aquel momento, el primer mandatario se centró en su abolición, pero también en su regulación para aquellos casos que lo ameritaran.
De esta forma, llegado 2021 se procedió con su prohibición, pero también con la puesta en marcha del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), cuya vigilancia quedó a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que ahora encabeza Marath Bolaños López.
Lamentablemente, la tan sonada estrategia parece haber fracasado, al ver la situación de miles de personas dedicadas al aseo de las instalaciones en la administración pública. Para ser más precisos, se ha detectado al menos a una proveedora, del mismo gobierno, que lucraría a costa de colaboradores a los que nunca afilia al seguro social, sin importar las leyes en la materia, incluida la reciente reforma.
La empresa Limpiacero es una de las firmas que ha logrado sumar contrato tras contrato durante la actual administración, por ejemplo, cuando inició el año, la compañía ya tenía cuatro contratos a desarrollar en 2024, el meollo es que si analizamos documentación de corte público, resulta que la empresa relacionada sectorialmente a José Juan Reyes Domínguez tiene una fuerte disparidad entre los registros de empleados que lleva ante la autoridad y los que ha comprometido para la limpia de diversas dependencias.
La información captada ante el seguro social deja de manifiesto que en las primeras semanas del año, Limpiacero tenía afiliados a 776 afanadores, sin embargo, si se considera el mínimo de elementos requeridos, el número de personal dado de alta debería ser de mil 375, es decir, 599 no tendrían seguridad social, con un cálculo de 1.5 millones de pesos mensuales en evasiones obrero-patronales.
Pero como se ha dado cuenta, la afectación es todavía mayor si se contabiliza el tope de posibles colaboradores, ya que mil 152 no gozarían del derecho y las prestaciones que conlleva, mientras el instituto tampoco captaría unos 2.9 millones de pesos cada 30 días.
El corte corresponde al 18 enero, por lo que ya se tendría que haber cumplido con las disposiciones que dicta el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, para inscribir a los trabajadores en plazos no mayores a 5 días hábiles. Usted dirá si hace falta que los administradores de contrato en la SEP de Leticia Ramírez, Hacienda de Rogelio Ramírez, Conagua de Germán Martínez y el Metrobús de la CDMX, que encabeza María del Rosario Castro, inicien las respectivas averiguaciones, aunque tanto el IMSS como la STPyS habrán de hacer lo propio.
En la recta final del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación deja pendientes con los grupos más desfavorecidos. Y es que el caso de empresas evasoras en el país aún es una tarea pendiente, más cuando se trata de una proveedora y deja en el desamparo laboral a cientos de personas trabajadoras y sin estabilidad.
Israel Mendoza Pérez
@imendozpe
