En cinco meses de administración, el gobernador Samuel García apretó la economía de varios sectores productivos. Su proyecto político está sustentado en la creación de una “burocracia dorada”. A final de cuentas, incluir a su consorte, Mariana Rodríguez y añadir nueve unidades administrativas en la estructura gubernamental presiona las finanzas públicas del estado.
Apenas acaba el primer trimestre del año y la entidad norteña enfrenta la entrante temporada de calor con una severa sequía, las presas y pozos en sus mínimos, una contaminación irrefrenable, el costo del transporte público irá a los cielos, más una cascada de impuestos locales, elementos suficientes para una auténtica tormenta.
De esta manera, el gobernador Samuel García aumentó la burocracia para crear cuatro nuevas secretarías y nueve unidades administrativas, entre ellas la de Amar a Nuevo León, cuya titular es su esposa Mariana Rodríguez.
“La persona titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes Unidades Administrativas: Oficina Ejecutiva; Amar a Nuevo León; Secretaría Particular; Consejería Jurídica; Gerencia de Proyectos; Representación del Estado en la Ciudad de México; Sistema Estatal de Información; y Comunicación”, señala el artículo 21 de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
A lo anterior, se suma la coyuntura internacional derivado de la guerra en Ucrania y la pandemia se genera alta inflación y carencia de materiales que disparan el costo de insumos para casi todas las industrias. Por eso sorprendió el anuncio de que la administración de Samuel García subirá el agua, el peaje de autopistas, refrendos y licencias para conducir, el predial y además, impuestos “verdes” para el sector industrial.
El sector de la construcción hace maromas para cumplir en tiempo y forma con los convenios acordados con los altos precios de los materiales, razón por la cual fue mal recibido el Paquete Fiscal 2022 del Ejecutivo Estatal, pues lejos de ser un apoyo ante el complejo panorama, encrudecerá aún más la problemática al incrementar el costo de los mismos.
El argumento del gobernador regiomontano para la implementación de dicha carga tributaria es mitigar la contaminación ambiental que impacta principalmente a Monterrey, sin embargo; diversos estudios han ubicado como la principal fuente de polución del aire a la Refinería de Cadereyta, misma que ha intensificado su actividad al amparo de la noche con sendas emisiones de dióxido de azufre y las tóxicas partículas PM2.5 y PM10.
La situación se agudiza ya que en esta semana iniciaron los cortes de agua bajo el regaño de García Sepúlveda a sus gobernados por su alto consumo, situación que no se presentaba en muchos años y se ha acusado puntualmente como causante del problema a la pésima administración del inexperto Juan Ignacio Barragán en Agua y Drenaje de Monterrey, que secó presas y pozos en pocos meses, lo que detonó la actual crisis hídrica.
Las medidas del gobernador emecista han sido profundamente impopulares a pesar del batacazo mediático que fue el encarcelamiento de “El Bronco”. Samuel ha buscado chivos expiatorios como con las pedreras en el tema ambiental, con quienes particularmente se ha ensañado al grado de clausurarlas a pesar de que poco tienen que ver en la problemática; ya le advirtieron al novel gobernante que es un balazo en el pie. Las decisiones ya se tomaron y cada pisada hunde al gobernador en un nuevo error.