El caso Ayotzinapa derrapa sobre la cuatroté y golpetea al nuevo gobierno. Es la herida abierta y el discurso oficial escurrido entre incosistencias y un gobierno comprometido con las Fuerzas Armadas desde 2018. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador falló. La justicia no llegó para las víctimas y familiares de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

La cuatroté se enredó entre la ideología, la afinidad y los intereses en conflicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. La bandera de los 43 normalistas de Ayotzinapa quedó en el olvido de los 100 compromisos del presidente y la batieron entre la lenta agenda de Alejandro Encinas, cuando fue subsecretario de Derechos Humanos y los dogmas ideológicos de la ombudsman Rosario Piedra. Confrontados, sin hilo conductor, ni intereses comunes apoyaron el objetivo presidencia.

En el último informe de la cuatroté a los padres de los 43 normalistas, se encontraron elementos que distorsionaron el objetivo esencial que era dar justicia. Inconsistencias, descalificaciones y un sesgo de defensa al Ejército dañaron el objetivo primordial de dar certeza a un caso que toma tintes de intriga política.

Los padres y madres de los 43 normalistas, aseguraron que el presidente López Obrador no quiso cumplirles con resolver su caso y criticaron que en el informe oficial del caso Ayotzinapa no se tomaron en cuenta numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejército “estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa” en la desaparición de sus hijos.

La relación entre el gobierno y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, está quebrada. En resumen, solo dos personajes son señalados, Jesús Murillo Karam, exprocurador y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de tortura, desaparición forzada y coacción de servidores públicos. Los resultados del gobierno resultaron magros.

El último año del sexenio cuando se declaró la ruptura. En el libro “¡Gracias!”, López Obrador afirma que el caso Ayotzinapa “nunca se va a cerrar”. Versión que retomó en su mañanera del 15 de febrero, al reclamar que los padres y sus asesores habían politizado el tema en lugar de ayudar a resolverlo.

El informe carece de una validez jurídica, tiene tintes políticos y contextualiza desde la ideología y no con los elementos legales existentes. La lentitud de las investigaciones y la falta de resultados para castigar a autoridades, tanto civiles como militares, que participaron en la desaparición de sus hijos y en la fabricación de la denominada verdad histórica en el sexenio pasado es latente en un sexenio que se perdió entre los compromisos y una lucha demagógica. 

El choque con quienes cuestionan al gobierno, llevó a dejar una herencia al próximo gobierno. El caso de los 43 dejó de ser un pendiente en la agenda de la transformación. Comienza a tener una serie de intereses que fraccionaron la “verdad histórica”.