Contrario a los principios de la cuatroté de no repetir los errores y excesos del pasado reciente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al parecer encubre a más de 30 elementos castrenses involucrados en el caso de los eperristas desaparecidos, desde 2007, Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
El jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena se ha encargado de incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estirar a través de “chicanas”, la comparecencia de mandos militares ante la Fiscalía General de la República.
Desde 2019, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, encontró una serie de argumentos, porosos a final de cuentas, para evitar que se abrieran los cuarteles para iniciar la búsqueda de los integrantes del comando central del Ejército Popular Revolucionario (EPR). A estas alturas del tema, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval tiene pleno conocimiento del amparo 51/2020; sin embargo, no del incumplimiento por parte del área jurídica de Sedena.
Este caso amenaza con retomar fuerza mediática, ya que la juez que le da seguimiento al cumplimiento tendrá que determinar si lleva a cabo una medida de apremio ante la dilación por parte de las autoridades castrenses.
Desde 2019, la Sedena se mantiene a la ofensiva y blinda su institución y pierde de vista que se trata de un tema cometido en sexenios anteriores y al que no se le ha dado la atención requerida. Además, de que pone en entredicho al presidente Andrés Manuel López Obrador al incumplir con los preceptos de la cuatroté en materia de que el ejército “es pueblo uniformado”.
En lo que se califica como la extensión de la “guerra sucia” en los tiempos del expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el actual general secretario, Luis Cresencio Sandoval tiene que abrir los cuarteles y lo que disponga la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los luchadores sociales.
De acuerdo con las versiones de testigos oculares y las investigaciones, el encargado del hotel “El Árbol”, comentó que unos militares entraron a detener a unas personas que tenían armas en su cuarto. Para el 26 de mayo, el gobernador Ulises Ruiz, ya tenía información de que habían sido detenidos integrantes destacados del EPR. Así tanto, la procuraduría local, encabezada, en ese momento, por Evencio Nicolás y efectivos del Ejército, hicieron trabajo de contraespionaje tras la detención de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
El 24 de mayo de 2007, aproximadamente a las 11:30 horas, elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la VII Región Militar, ubicada en Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades policiales, realizaron un operativo conjunto en el hotel “del Árbol”, en la colonia centro de la Ciudad de Oaxaca. En dicho operativo, Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos por servidores públicos, entre ellos de la Sedena para ser traslados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la postre ser trasladados al Campo Militar número 1 por miembros del Ejército Mexicano. A final de cuentas, el Ejército participó en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, y como tal debe reconocer su responsabilidad histórica como institución. Sobre todo, en el llamado, momento estelar, de la cuatroté y del que son parte fundamental del proyecto.