El excesivo perfil bajo de la consejera jurídica del presidente, María Estela Ríos, exhibe la necesidad de reforzar una de las áreas, hasta ahora, más debilitadas en la estructura central de la Presidencia de la República. Evitar un debate alterno por la propuesta de llevar a cabo una consulta ciudadana para que, la población decida si las Fuerzas Armadas permanecerán, más tiempo, en labores de seguridad pública, lo dejó pasar la consejera jurídica para polarizar aún más el ambiente y entorpecer el debate.

Su trabajo ni se ve ni se nota. Considerada una abogada combativa, pero no radical. Se encuentra en el lugar equivocado en este momento. No pudo decir no a su nombramiento, pero permite que se tilde a una presidencia de violatoria de la Constitución y rebasada por los principios jurídicos más elementales.

La consulta sobre la ampliación de tiempo de las fuerzas armadas en las calles, mencionada por el presidente, no está permitido por la Constitución. Al grado que permitiría una ilegalidad. Además de que validaría, a través de una vía poco técnica, la fallida estrategia de seguridad.

Según al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

De esta manera, Estela Ríos hace un trabajo con un respaldo tímido y lo que debería ser un trabajo técnico y bien estructurado es debilitado y se traza un camino más político y menos jurídico. Sus aportaciones y trabajo, comienza a ser poco apreciado en el círculo de presidencia. Su presencia se volvió más testimonial.

Otro ejemplo, de su trabajo débil, es que se enfrenta a un periodo en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encuentra en plena carrera por la candidatura presidencial y ello lo pone en uno de los lugares más protagónicos del momento.

Estela Ríos, deja que el presiente se confronte con la oposición, ya que para consultar realmente al pueblo de México, cumpliría con lo que mandata la ley suprema y dejaría que el Instituto Nacional Electoral (INE), en todo caso, se encargara de su organización. Sin embargo, se regresa a la trampa política de la cuatroté. El INE no tiene un presupuesto para una consulta este año y con ello se encuentra sólo huecos para hacer eco a idea polarizantes.

El trabajo de la consejera jurídica requiere refrescarse o dejar el cargo. No es el momento para un trabajo técnico al que ella está acostumbrada. La discusión de la Guardia Nacional y la ampliación de la presencia militar en las calles transita por el camino de la imposición de la cuatroté. Sin debate ni objeciones.

Ella no es de ocurrencias, aunque las exigencias actuales la llevan a ese camino. Al de las respuestas sin densidad y hechas a capricho y exigencias del Presidente. El trabajo le quedó con responsabilidades nimias y que la tienen arrinconada frente a la realidad sin argumentos legales.