En 10 años, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos, se encuentra entre la lentitud por las recientes acciones, emprendidas por parte de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la cauda histórica de impunidad.

La desaparición de los normalistas se convirtió en una herencia transexenal. Grave error. En el libro “¡Gracias!”, López Obrador afirma que el caso Ayotzinapa “nunca se va a cerrar”. Sin embargo, la narrativa desde Palacio Nacional se centró en el reclamo de que los padres y sus asesores habían politizado el tema en lugar de ayudar a resolverlo.

Para evitar una ruptura profunda entre la cuatroté y los padres de los normalistas, la gobernadora abrió el diálogo con ellos y ya tuvo dos encuentros. Sin embargo, esta medida llega tarde. La mandataria durante tres años toreó el tema. Ahora, llama a una búsqueda intensa en lo local con el apoyo de la ciudadanía. Aunque es una respuesta de buena voluntad carece de una estrategia de seguridad y de solidez para una investigación que lleva una década a la deriva.

Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio, dijo que confía que, con el apoyo de la ciudadanía, de los medios de comunicación y del gobierno estatal se lograrán avances. La gobernadora atrajo la atención de los padres de familia de los estudiantes normalistas, luego de que, a nivel federal, el caso se convirtió en un dolor en las posaderas de la Segob y la CNDH.

La bandera de los 43 normalistas de Ayotzinapa quedó en el olvido de los 100 compromisos del presidente y la batieron en entre la lenta agenda de Alejandro Encinas, cuando fue subsecretario de Derechos Humanos y los dogmas ideológicos de la ombudsman Rosario Piedra.

En enero de 2020, la Presidenta de esta Comisión Nacional, decretó la creación de la Oficina Especial para Investigar Represión y desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente y a la par la desaparición de la Oficina especial para el “Caso Iguala”. 

Evelyn Salgado confía en que la ocurrencia de búsqueda arroje nuevas pistas. Aunque a estas alturas de la historia, el caso Ayotzinapa pasa por un momento de impunidad. Lo ideal es que la próxima administración investigue y respete los resultados, sin importar a qué institución o funcionario se involucre, ya que el único funcionario de izquierda detenido, hasta el momento, es José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, quien fue condenado a 92 años de prisión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que, a 10 años, recolectar más pistas, como propone la gobernadora Salgado, es solo darle la misma vuelta a la historia. Las pruebas y denuncias de violaciones a los derechos humanos, están documentadas. Hubo tortura, detención arbitraria, criminalización de la protesta social y obstáculos a la investigación. A final de cuentas, las autoridades federales y estatales han incurrido en actos de omisión, y así, perpetuar la impunidad.