El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfila a la calificación de la elección del 2 de junio, incompleto, confrontado y con una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los magistrados Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera. En 28 años como máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral federal, la institución se encuentra en crisis.
Los magistrados, señala, la denuncia presentada el 27 de mayo en la oficina del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la manera en que los magistrados de la Sala Superior, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera incurrieron en falta grave “al rehuir su función constitucional y dejaron de resolver en tiempo y forma la impugnación presentada ante la Sala Superior, en contra del partido Movimiento Ciudadano, mediante el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con fecha 22 de noviembre del 2023, según expediente JDC-608-2023 turnado al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el expediente JDC-127-2024”.
El desprestigio y deterioro del Tribunal Electoral está marcado por divisiones internas y a nivel de percepción ciudadana también va en picada, ya que en 2023, según el Inegi, la confianza hacia jueces y magistrados se ubicó en 39.4 por ciento, mientras que en 2021 fue de 40.3 por ciento, es decir, va a la baja la confianza por la serie de escándalos en los que se ha visto envuelto y por las resoluciones apegadas a los intereses políticos más que técnicos.
El denunciante Benjamín Russek, aspirante a precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, precisa: “los magistrados actuaron de manera política y no jurídica para proteger los intereses de Jorge Álvarez Máynez, haciendo un ‘galimatías jurídico’, al abrir dos expedientes sobre el mismo asunto, a pesar de que ya habían transcurrido más de dos meses, jugando con los tiempos que se fijaron para las precampañas para que los partidos políticos designen a su candidato a la presidencia para la contienda electoral 2023-2024, con la única finalidad de impedir que contendiera por la candidatura”.
Y es que con los tiempos electorales encima y a cuatro días de la jornada electoral, el TEPJF, en manos de la magistrada Mónica Soto, se convirtió en una institución desvalorizada, con una serie de choques internos entre sus integrantes, en donde priva un ambiente de confrontación y de decisiones divididas que no abonan al desarrollo pleno de los derechos políticos. Así como al impulso de la democracia en el país.
El proceso interno de emece estuvo desaseado y se convirtió en una simulación y la actitud desplegada por la estructura de Movimiento Ciudadano y de los magistrados Mónica Soto y Felipe Fuentes pone en riesgo la vida democrática y de respeto a los derechos de los ciudadanos y militantes de acceder a mecanismos de justicia imparciales. El ejemplo fue beneficiar a Jorge Álvarez Máynez y dejarle, a manos llenas, los recursos públicos del partido y hacer una campaña fuera de la legalidad fomentada desde el Tribunal Electoral.
Israel Mendoza Pérez
@imendozape
