El caso Emilio “L” retomó un segundo aire con la petición de la Fiscalía General de la República de echarle 39 años de prisión. Suena espectacular y es rentable para la percepción positiva de la lucha anticorrupción. Sin embargo, la cuatroté, de la mano del fiscal Alejandro Gertz Manero, va por la fortuna del exdirector de Pemex.
A través de la reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2020 se abre la posibilidad de ir por los bienes de Emilio “L”. Más allá de la incautación de bienes hecha en México y Europa por la fiscalía general calculada en 200 millones de dólares. También se suman los 5 millones de dólares ofrecidos por la defensa para reparar los daños por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El efecto Lozoya funciona para darle vuelta a la tuerca del apoyo al partido en el poder respecto a dos elementos políticos que están en la palestra. La revocación de mandato y los comicios de junio próximo son catalizadores para apuntalar los triunfos de Morena.
Y es que, de acuerdo con la ruta legal del caso, el castigo debe incluir una indemnización por los daños y perjuicios causados a Pemex y a las finanzas públicas.
Por ello, es que se puede aplicar el criterio de la extinción de dominio, —en caso de apretar más el caso— pues es procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
A nivel global el caso Odebrecht ha probado en distintos países del mundo algo que hoy es indiscutible: el mecanismo empleado para apropiarse ilícitamente de recursos estatales por medio de la contratación de obra pública, el pago de sobornos y de sobreprecios.
Aún así, el caso Odebrecht en México es apenas una morona con la detención de Emilio “L”. En Brasil se logró la condena de 125 personas a través de la operación Java Lato. En Perú desde 2018, se creó un equipo especial de fiscales, que lleva más de 35 investigaciones abiertas y más de 250 personas investigadas por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y políticos y en Argentina había 172 procesados y siete presos.
Lo que tiene el fiscal Alejandro Gertz Manero es una pizca de investigación, un detenido que durante 16 meses se abrazó de un criterio de oportunidad que extendió, hasta donde pudo. La trama de Odebrecht en México se debe considerar en ciernes. Emilio “L” se jugó su última carta. Está en prisión y el descrédito ya lo consiguió por unanimidad y en lo mediático es un logro para la cuatroté pero es un resultado mediocre comparado con otros países, pues no hay más detenidos y lo que brilla a ojos de Gertz es la fortuna del ex funcionario.