LOS DATOS DUROS/ Por José Reveles
La futura secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, mostró tener una visión global sobre cómo lograr la despenalización de la marihuana y la producción lícita de amapola y sus derivados opiáceos para uso medicinal en México. En tono ubicado entre lo diplomático y lo propositivo, hizo la crítica a esquemas rígidos en los contenidos de los tratados signados por nuestro país en los años 70, los cuales privilegian la penalización y el combate a las drogas.
Habló de que el próximo gobierno podría enviar una “pauta interpretativa” a la ONU para poder flexibilizar esos viejos convenios. Aclaró que no se trata de “legalización”, sino “despenalización”.
En lo inmediato, se trata de la marihuana, pero pensando en un futuro no lejano, se incorporaría el tema de la autorización internacional –“de la mano de Naciones Unidas”, aclaró– para sembrar amapola (adormidera o Papaverum somniferum), de manera lícita, restringida a usos medicinales en laboratorios ad hoc. Solamente 18 países en el mundo cuentan con esa autorización que otorga Naciones Unidas.
Llegó la hora, dijo la exministra de la Suprema Corte, de replantear una moderna reinterpretación de los tratados antidrogas, que tenían un carácter punitivo.
“Es momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de drogas, sumamente rígidos. Estamos pensando que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización” y de un nuevo enfoque, también, en el combate al crimen organizado.
Los problemas se comienzan a solucionar a partir de diagnósticos realistas, de reconocer el nivel en que se ubica el negocio ilícito de las drogas en el país. A este respecto, la doctora Sánchez Cordero estima que las autoridades logran confiscar, si acaso, entre tres y ocho ciento de las drogas que cruzan el territorio mexicano hacia la frontera norte (supongo se refería a la cocaína, que viene de Sudamérica, y no del resto de las sustancias ilícitas, como marihuana, drogas de diseño, heroína, que se producen domésticamente, ahora incluido el potente fentanilo).
Tampoco se ha logrado frenar el intensivo lavado de dinero, que calculó en 25 mil millones de dólares al año por parte de los cárteles mexicanos de la droga. Y lo peor es que este tránsito de cargamentos y este enriquecimiento multimillonario va dejando una estela de víctimas “que no distingue nacionalidades”, diría en el foro Estrategia Banorte 2018 aludiendo a las decenas de miles de víctimas que son los migrantes.
Son tres los tratados de Naciones Unidas en el marco legal internacional sobre control de drogas en el mundo: la Convención Única sobre Estupefacientes (1961, ratificada en 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988).
Como potencia política, económica y militar dominante después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presionó para imponer en los países del sistema de la ONU, globalizándolas, sus propias políticas prohibicionistas, juzga el Instituto Trasnacional (TIN, por sus siglas en inglés), organismo de análisis y previsión de políticas con amplio reconocimiento internacional.
La primera convención sobre drogas suscrita por los países del mundo fue la del opio en 1919 y la segunda sobre fabricación, comercio y uso de opio preparado, en 1926