@jgarciabejos
En la vida productiva de un país, la forma en que se regulan las relaciones obrero-patronales es fundamental para hacer del trabajo la plataforma del crecimiento. Además, la certidumbre jurídica que brinda un proceso claro y transparente atrae un mayor flujo de capital, mismo que genera empleos formales y de calidad. Este círculo virtuoso ha sido un eje fundamental de la política laboral del presidente Peña Nieto, y a casi tres años de la implementación de la Reforma Laboral, es momento de redoblar esfuerzos para alcanzar una justicia plena y eficiente que nos permita seguir siendo competitivos en los mercados internacionales.
La política tripartita de esta administración, llevada con responsabilidad y visión a futuro, ha dado como resultado un ambiente de estabilidad y paz laboral propicio para los trabajadores. Por ejemplo, el empleo formal crece a buen ritmo desde hace un par de años, y se están dando revisiones contractuales favorables para diferentes sectores; prueba de ello fue el incremento de 4.13% en los salarios contractuales durante el primer trimestre del año.
Ahora, ante el reto que tenemos de impulsar un mercado laboral más moderno, el Gobierno de la República está preparado para modificar nuestro marco jurídico de tal manera que la duración de los juicios sea menor, y de ser posible, evitarlos mediante una labor de conciliación que significa ahorro de recursos para todas las partes. Al mismo tiempo, en materia colectiva se impulsará la libertad de afiliación a un sindicato por parte de los trabajadores, necesaria para incrementar la productividad y ejercer derechos como el de la seguridad social.
En el Estado de México, el Gobernador Eruviel Ávila ha sido el principal promotor de una nueva cultura laboral, que toma como base el diálogo constante con los factores de la producción que permite abordar pendientes como el rezago en los tribunales laborales, la duración de procedimientos y el impulso a la conciliación como principal mecanismo de solución, gracias a una agenda de modernización física y jurídica, sin dejar de lado la capacitación de servidores públicos.
La oportunidad que tenemos para promover un sistema de justicia más funcional pasa necesariamente por la adecuación de procedimientos e incentivos que reduzcan los costos de la impartición de justicia. A su vez, este modelo debe aspirar a incrementar la productividad y proteger al trabajador, considerando siempre el equilibrio entre los actores productivos que resulta indispensable en el entorno económico que tenemos.
Nuestro Dato: En el primer bimestre del año, respecto al de 2015, el uso de la conciliación para resolver los conflictos en los tribunales laborales de la entidad aumentó 66 por ciento.