Dicen los especialistas que “el Derecho es un conjunto de normas coactivas que regulan conductas humanas”, y eso quiere decir que la violación de la norma jurídica implica la aplicación de esa coactividad para resguardar el orden, o bien lo que se denomina “estado de derecho” que no es otra cosa que la aplicación estricta de la ley. Estamos viviendo un proceso de rebelión contra el orden establecido, y de reto a las autoridades encargadas de resguardarlo.

Cuando la ley deja de aplicarse pierde vigencia y genera impunidad, y cuando se vuelve obsoleta y no se adecua a la existencia de los tiempos, los sucesos pueden convertirse en una escalada hacia la desestabilización y al rompimiento total del “orden institucional”, ese que las instituciones están obligadas a resguardar.

Los grupos delincuenciales se han apoderado de diversas partes del país, y hasta ahora pareciera que nuestra ineficiencia es parte del problema. Lo peor de esta circunstancia es que también existen grupos políticos que antagonizan al Gobierno, y esos grupos reciben dinero del Gobierno, dinero que los ciudadanos aportamos, pero también sean recibiendo fondos del crimen organizado.

Esta es una acusación frontal a los normalistas de Ayotzinapa, que siguen cometiendo delitos actuando como bandas crimen organizado con total impunidad. Acudir a causar destrucción y enfrentamientos violentos al cuartel donde tiene sus instalaciones el 27 Regimiento del Ejército Nacional Mexicano es un acto de extrema gravedad. Si no los detenemos, escalarán su impunidad y se convertirán en operadores, como muchos lo son ya, de las bandas del narcotráfico de la zona.

Las normales rurales ya no le sirven al país más que para formar delincuentes comunes, ladrones, asaltantes, y muchos de ellos narcotraficantes. Es la hora de aceptar nuestra negra realidad: se han convertido en el brazo operativo del crimen organizado, y son controlados por los narcotraficantes de la zona.

Seguir negando esta circunstancia solamente nos llevará al caos, porque es hacia allá a donde caminan quienes así se los han instruido, y que no son más que los capos del narco que controlan la parte norte de Guerrero, y los municipios donde confluyen los estados de México y Morelos. Guerrero no aguanta más, y el país no puede seguir pagando para formar y especializar a delincuentes comunes. Quienes cometan delitos tienen que parar en la cárcel, eso dice la ley, así sean normalistas. Al tiempo.