Preocupados por adivinar las cartas presidenciales tapadas para adelantarse a la cargada de intereses, y rebasada la autoridad electoral por la burocratización del Instituto Nacional Electoral (INE), el crimen organizado a niveles estatales y municipales ya tiene el control de las estructuras políticas.
En este sentido, candidatos y partidos nacionales carecerán de capacidad, fuerza y autoridad para impedir esa influencia nociva por la sencilla razón de que el Estado federal y sus organismos de seguridad apenas tienen presencia en algunas zonas calientes, pero no han asumido el control del poder.
Los grupos criminales dominan a las policías municipales y estatales, tienen acuerdos no escritos con autoridades municipales y estatales, han invertido en campañas y, sobre todo, controlan masas sociales abandonadas por el gasto público y ahora dependientes de las derrama directa o indirecta de los dólares provenientes del crimen organizado.
Por tanto, candidatos a alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores y hasta gobernadores tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo con la estructura criminal que también se ha transformado en poder público al manejar fondos oficiales, grupos empresariales para lavar dinero.
El crimen organizado ha estado retomando el control de estructuras municipales, porque la acción Federal apenas alcanza para patrullar algunas zonas, carece de capacidad de inteligencia para captar y procesar información, y no tiene las estructuras policiacas, judiciales y penales para dominar al crimen organizado; en realidad, las fuerzas federales sólo vigilan zonas de interés turístico, responden a ataques directos y ahuyentan malandrines. Y no por falta de capacidad sino porque este escenario es el más sólido para explicar la ausencia de una ley de seguridad interior que fundamente acciones más integrales: la fuerza pública federal es meramente disuasiva.
A ello se agrega el desorden, la incapacidad y la burocratización de la autoridad del INE y la desorganización, parcialidad y control político de los organismos estatales electorales. Sin alardes de control, los grupos criminales van a inducir votos a favor de determinados candidatos locales, aquéllos justamente que les garanticen privilegios.
En el pasado, la estructura del subsistema nervioso del sistema político mexicano, lo constituían los seccionales del PRI, localizados hasta las rancherías más alejadas. Sin embargo, esos microorganismos fueron disueltos cuando el presidente Salinas de Gortari creó los comités Pronasol sólo para administrar inversiones locales y no para relacionar políticamente a las comunidades rurales.
La ruptura de los tejidos sociales, políticos y humanos a nivel municipal y estatal se ha convertido en un problema de seguridad nacional a partir del concepto de seguridad interior: las garantías del control de las inestabilidades sociales provocadas por el crimen organizado y por organismos radicales fuera del control gubernamental.
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo son algunas de las entidades donde prevalecen las bandas del crimen organizado, no tanto por su capacidad de fuego sino porque se han colado a nivel municipal y con mayor intensidad en localidades fuera de las zonas urbanas.
El problema radica en la percepción captada por expertos en seguridad interior-seguridad nacional, porque el crimen organizado ya entendió que para controlar plazas y rutas es necesario dominar autoridades municipales y estatales.
De ahí el dato de que el crimen organizado va a influir en resultados electorales municipales y estatales.
Política para dummies: La política bien entendida debiera ser la habilidad para establecer alianza y prioridades con la gente, no con los poderes fácticos, y menos sin son criminales.
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