Por: Carlos Ramírez
Como los funcionarios parten del principio del derecho de que todo lo que no esté prohibido expresamente por las leyes sí está permitido, los márgenes para el espionaje político son producto de la falta de regulación legal y enfatizan la necesidad de tener cuando menos cuatro leyes fundamentales para la acción clandestina del Estado: la de seguridad interior, la de inteligencia, la de espionaje y la de seguridad nacional.
Las leyes claras son la diferencia entre las tareas propias del Estado en materia de inteligencia como parte de la seguridad nacional interna y externa y el burdo espionaje. Sin esas leyes, el gobierno puede justificar en términos de Estado cualquier intrusión en la vida de los ciudadanos.
Con esas leyes, la ciudadanía tendría las formas de acotar, vigilar y sobre todo castigar el uso del aparato público para indagar como acción política la vida privada de ciudadanos. Lo que hasta ahora no se ha resuelto en México es la diferenciación entre el Estado de derechos humanos y el Estado de seguridad nacional. Los dos son compatibles, pero siempre y cuando haya instrumentos legales para definir su existencia legal.
Las quejas por el uso de virus especiales para intervenir teléfonos de periodistas críticos debieran de llevar a un debate político institucional y no quedarse en reacciones individuales. De nueva cuenta el espionaje político obliga al país a redefinir el marco jurídico para el funcionamiento del Estado de seguridad nacional. Un Estado sin aparato de inteligencia y seguridad nacional profesional, regulado y sobre todo legalizado es un Estado vulnerable o un Estado que construirá con pragmatismo, disfuncionalidad e ilegalidad su aparato de vigilancia interna y externa.
La disminución de la legitimidad del partido en el poder, la existencia de un Estado profundo priista que ha limitado los alcances de la alternancia partidista en instancias superiores de gobierno y la audacia sobre todo del crimen organizado para meterse en las estructuras del gobierno y de los medios revela la inevitabilidad de una estructura de inteligencia acortada por leyes claras.
Un caso quedó en el limbo periodístico. En abril del 2010 el capo Ismael El Mayo Zambada –el principal estratega de Joaquín El Chapo Guzmán– contactó al director de Proceso, Julio Scherer García. Pero lo que debió de haber sido una entrevista de confrontación con el jefe de una organización delictiva, se redujo a un mero publirreportaje favorable al jefe narco. La fotografía de portada de la revista mostró el brazo protector del criminal sobre los hombros del periodista. Esa entrevista, desde el punto de vista de la seguridad política del Estado, fue una falla garrafal de los servicios de inteligencia.
El Estado tiene el derecho de crear sus organismos de acopio de información de inteligencia, pero debe de hacerlo dentro de un marco jurídico que vigile los abusos y castigue a los funcionarios que rebasen líneas que deben quedar marcadas con claridad.
Un Estado sin servicios de inteligencia y seguridad nacional definidos por leyes específicas es un Estado a merced de grupos delincuenciales que penetran las estructuras del propio Estado.
Las revelaciones infladas del The New York Times sobre el espionaje a críticos –que no disidentes– debe llevar al diseño de un marco legal del Estado mexicano de seguridad nacional en materia de seguridad interior, inteligencia y espionaje, o será un nuevo escándalo mediático que durará horas.
Política para dummies: La política es la habilidad para aprovechar los huecos de la institucionalidad para violar las leyes y las reglas con impunidad… y legalidad.
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