En un país con un sistema político e institucional tan contaminado como el nuestro resulta bastante difícil encontrar alguien que pueda y sepa encargarse de esa lucha sorda y temeraria que se tiene que dar por obligación, para disminuir en el corto plazo, y erradicar en el mediano, los procesos de la corrupción que mantienen al Sistema Político Mexicano al borde del colapso. No sé dónde se nos quedó la prudencia y desde cuándo el cinismo se convirtió en el cómplice principal de aquellos que siguen visualizando a la Administración Pública como la forma más fácil de adquirir riqueza.
No sé si se tengan que colocar letreros al más puro estilo del Viejo Oeste para que los mexicanos nos enteremos de que se busca un Fiscal Anticorrupción, y que hasta ahora son pocos, muy pocos por cierto, quienes pudieran ocupar ese espacio con la seguridad de que protegerá el interés de la gente y no el de las camarillas de funcionarios que piensan que ocupando un encargo gubernamental la riqueza está a la vuelta de la esquina, o para decirlo mejor, asegurada y sin preocupaciones ulteriores.
Para los tiempos que vivimos, nombrar un Fiscal Anticorrupción puede resultar una tarea titánica a causa de esa costumbre endémica de disponer de las rentas públicas apropiándose impunemente de dinero, objetos, bienes y servicios. Pero quienes tienen esa responsabilidad debieran abrir un poco los ojos y dejar a un lado el interés personal o de grupo, para evaluar a muchos funcionarios judiciales que han mostrado y demostrado probidad a lo largo de su trayectoria legal y administrativa.
Uno de ellos se llama Manuel Luciano Hallivis Pelayo, y actualmente funge como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y quien lleva más de 20 años de Magistratura sin haber recibido un solo cuestionamiento y sí muchos reconocimientos por su probidad y profesionalismo. Lleva más de 42 años en el servicio público, se tituló hace 40 años y hasta ahora sigue impartiendo cátedra en diversas universidades nacionales y extranjeras.
Ha sido quien más impulso ha dado al Sistema Nacional Anticorrupción, coadyuvando en el diseño del procedimiento sancionatorio, basado en los principios de respeto a los derechos humanos, proporcionalidad, verdad material, debido proceso y presunción de inocencia, que van a permear para que cada sanción genere un efecto ejemplificativo multiplicador que imprima en el incumplido la sensación firme de que todo acto de corrupción será detectado oportuna y justamente, y que cada sanción inhibirá la corrupción.
Si la elección y selección de quien ocupe el encargo de Fiscal Anticorrupción quiere llegar a buen término, y que no sea otro acto más de favoritismo y amiguísimo tan recurrentes en el corrupto sistema político y judicial del país, debieran voltear y analizar la trayectoria de Hallivis Pelayo y muchos más que hasta ahora han dado la cara en esa lucha sorda por combatir la corrupción desde los espacios de la impartición de justicia. Ojalá y nuestros prohombres y promujeres entiendan que ha llegado la hora de la verdad. Al tiempo.
