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@carlosramirezh
Ha pasado más de año y medio y los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sólo han querido aplastar al Estado mexicano y al ejército, y no resolver la violación de derechos humanos de 43 estudiantes en el caso Iguala-Ayotzinapa- Cocula.
En el fondo, la CIDH y el GIEI han tenido otra agenda política en México: posicionar al secretario ejecutivo de la CIDH y promotor del Grupo, Emilio Álvarez Icaza, como precandidato presidencial ciudadano del PRD para el 2018. Por ello es que el GIEI se ha olvidado que el violador de los derechos humanos en Guerrero fue el PRD y no el Estado. El caso de los 43 normalistas fue un crimen operado por funcionarios municipales y estatales perredistas y los cárteles de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos” tolerados por el perredismo.
El GIEI de la CIDH no quiere reconocer que los 43 normalistas ya están muertos, por lo tanto es un acto de crueldad política la hipótesis imposible de que están vivos.
La estrategia del GIEI-CIDH tiene dos escenarios políticos:
–Mantener el control de la secretaría ejecutiva de la CIDH ahora que el titular, Emilio Álvarez Icaza, decidió renunciar a una prórroga de su cargo.
–Y establecer una conexión con el PRD para que Álvarez Icaza sea contemplado por el PRD como candidato presidencial ciudadano para el 2018.
La investigación del GIEI de la CIDH es una gran impostura porque se ha centrado en debatir si los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula y no el punto central del caso: ¿quién violó los derechos humanos de los 43 normalistas? La intervención federal –Gobierno de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal y Ejército– fue después del secuestro de los estudiantes, su entrega al cártel de “Guerreros Unidos” y su asesinato e incineración.
En la medida que los reportes del GIEI-CIDH carezcan de la línea de investigación sobre el PRD nacional, estatal y municipal y en la medida que Álvarez Icaza siga guardando silencio cómplice sobre la responsabilidad directa del perredismo en la entrega de estudiantes al cártel de “Guerreros Unidos”, se establecerá el tamaño del descrédito de la CIDH y sus investigaciones. No debe olvidarse que el caso Ayotzinapa es el Tlatelolco del PRD.
La necedad del GIEI-CIDH radica en debatir si en el basurero de Cocula se incineraron o los restos de los 43 estudiantes sólo por dictámenes forenses, pero eludiendo el tema vital: ¿ocurrió la violación de los derechos humanos de los 43 en la incineración de sus restos o se reprimieron sus derechos en el arresto por policías municipales perredistas, por órdenes de un alcalde perredista y su esposa como precandidata perredista y la complicidad de un Gobernador perredista?
El reporte del GIEI-CIDH también ha ignorado otros antecedentes: los normalistas de Ayotzinapa vieron aumentar la represión en su contra en los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y Angel Aguirre Rivero 2005-2011. Y tampoco ha querido el GIEI insistir en la hipótesis del crimen organizado tolerado o protegido por funcionarios perredistas locales.
Por tanto, los dictámenes del GIEICIDH son una engañifa y forman parte de la precandidatura de Álvarez Icaza como candidato perredista la presidencia, financiada con los tres millones de dólares mexicanos pagados a la CIDH.
Política para dummies: La política es la habilidad para justificar los errores culpando a los demás para convertir la victimización en simpatías.
