Como no hay mejor prueba para catar el sacrificio que sacar el pecho por otros, el acto masivo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, para disculparse por un acto de tortura de una civil delincuente tiene otra lectura política e institucional: recordar que el ejército está pagando las facturas de la incompetencia policiaca y judicial.
Desde 1994 las fuerzas armadas han estado subsidiando la ineficacia de las fuerzas civiles y políticas ante las rupturas institucionales. En octubre de 1993 un oficial de la fuerza aérea y un oficial del ejército fueron torturados e incinerados por grupos guerrilleros en Chiapas y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ordenó guardar silencio y sacrificarse en aras de la votación del Tratado de Libre Comercio que saldría en noviembre.
De 2007 a la fecha, los gobiernos de los presidentes panista Felipe Calderón y priísta Enrique Peña Nieto han usado a las fuerzas armadas para actividades de protección de la seguridad interior, pero sin que el congreso las haya dotado de un nuevo marco jurídico.
Sin la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, los cárteles habrían asumido la soberanía de espacios territoriales del Estado por su fuerza criminal mayor a la institucional.
Las deudas de la sociedad con las fuerzas armadas no deben medirse sólo en función de abusos –detectados y castigados internamente– en las operaciones de combate al crimen organizado, sino en términos de las leyes pendientes y urgentes para consolidar el papel de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía: ley de seguridad nacional, ley de espionaje, ley de seguridad interior, ley de inteligencia nacional y doctrina de defensa nacional. Como ningún ejército del mundo, el mexicano tiene una estructura interna de derechos humanos para operaciones.
El acto masivo del general secretario Cienfuegos Zepeda para disculparse por la tortura debe ser leído no sólo en el hecho inédito de que el jefe del ejército masivamente ordene a su tropa que no se vuelva a repetir, sino también tiene otra lectura política: las fuerzas armadas fueron llamadas a actividades de seguridad interior cuando las instituciones civiles fracasaron en el resguardo de la seguridad pública.
La gravedad del asunto radica en el hecho de que las resquebrajaduras en la seguridad interior serían un indicio de fallas en la seguridad nacional no sólo por la integración trasnacional del crimen organizado, sino por el hecho de que los derechos humanos son un instrumento de presión extranjera –Washington y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manejada por Washington– contra la soberanía mexicana.
El acto masivo del general secretario en nombre de las fuerzas armadas fue antes de que el ámbito civil del sistema político –que ha sobrevivido por la acción de las fuerzas armadas contra el crimen– pensara siquiera en salir a apoyar a los militares. Los casos de violación de derechos humanos por fuerzas armadas son menores a diez años de operaciones en la república, 75 mil soldados luchando contra criminales y un marco jurídico inexistente por mezquindades de los partidos políticos.
Más de 150 mil delincuentes consignados, toneladas de armas decomisadas, toneladas de droga destruidas, descabezamiento de los cárteles y casi 400 militares y marinos asesinados por criminales han sido el verdadero legado de las fuerzas armadas en sus operaciones de seguridad interior para cubrir el fracaso civil.
Política para dummies: La política es el arte de encontrar los errores en los demás para ocultar los propios.
Carlos Ramírez
indicadorpolitico.mx
@carlosramirezh
