En una reunión en el Gabinete Presidencial en octubre de 2014 no se entendieron en su momento las razones que tuvo el entonces procurador Jesús Murillo Karam para proponer la presencia –pagada por el Gobierno Mexicano– de un grupo de expertos coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El intervencionismo supranacional de la CIDH había ya puesto en ridículo y contra la pared al Gobierno por casos de represión, pero con argumentaciones internacionales.
Por eso la mayoría del gabinete se opuso cederle a la CIDH y a Emilio Álvarez Icaza el expediente caliente del caso Iguala- Ayotzinapa-Cocula.
El punto más importante era, hasta ese momento, la positiva relación personal entre Murillo Karam y Álvarez Icaza, forjada en el caso de las protestas por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. De manera casi automática, Álvarez Icaza se posicionó en 2011 de un espacio de control en ese movimiento y lo hizo como activista. La principal propuesta de Sicilia fue la ley de víctimas y ahí trabajaron juntos Murillo Karam como senador priista y Álvarez Icaza como activista de derechos humanos.
En julio de 2012 Álvarez Icaza fue designado secretario ejecutivo de la CIDH —a pesar de ser un activista y por lo tanto parcial en sus comportamientos—, en tanto que Murillo Karam fungió como procurador general de la República de diciembre de 2012 a febrero de 2015, luego de haber entregado su reporte final sobre el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados por órdenes del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.
Ante la negativa de los padres de los normalistas a aceptar la versión oficial de que sus hijos estaban muertos, Murillo propuso una mediación a través de la CIDH de Álvarez Icaza y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La intención original fue que el GIEI revisara la indagación pericial de la PGR. Sólo que Álvarez Icaza, el verdadero operador del GIEI, encontró la veta para ajustar cuentas personales con el presidente Peña Nieto, quien en 2009 le había ofrecido –a decir del propio Álvarez Icaza– su apoyo para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en los hechos, lo habría hecho a un lado.
El GIEI trabajó por instrucciones de Álvarez Icaza, no sobre la violación de los derechos humanos –quién ordenó el levantón de los normalistas y quién ordenó su entrega al grupo criminal Guerreros Unidos para su asesinato–, sino que se centró en destruir la tesis oficial de la incineración de cuerpos en un basurero de Cocula. La relación Murillo Karam-Álvarez Icaza, que también había funcionado en 2011 bajo el gobierno de Calderón, se rompió porque el GIEI cambió la jugada.
En los hechos, Álvarez Icaza repitió en el caso de los 43 su estrategia de 2011: arrinconar al presidente de la República, entonces el panista Calderón y hoy Peña Nieto. De octubre de 2014 a abril de 2016, Álvarez Icaza condujo a la CIDH a un enfrentamiento directo con el Gobierno de México y con el Estado Mexicano y abrió la posibilidad de que México replanteara sus cuotas a un organismo operado no para mejorar los derechos humanos sino para arrodillar al Estado.
La gran derrota de Álvarez Icaza fue el tercer peritaje que avaló la tesis oficial de la incineración en el basurero de Cocula. Y ya no se reeligió en la secretaría ejecutiva de la CIDH. Política para dummies: La política no es para hombres débiles ni ingenuos.
CARLOS RAMÍREZ
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