El expediente del caso de Tlatlaya de junio de 2014 llevó a definiciones finales: tribunales civiles determinaron que las imputaciones de violaciones de derechos humanos en contra de soldados fueron fabricadas y ahora los militares afectados están en posibilidades de acusar a sus acusadores y, de paso, exhibir la manipulación de organismos defensores de derechos humanos.
El asunto es importante: el ejército y los militares de Tlatlaya fueron acusados de asesinos con base en declaraciones legales y periodísticas de testigos, pero en el proceso penal en tribunales civiles –como lo han exigido organismos de derechos humanos– se determinó la falsedad en declaraciones y las contradicciones de esos testigos.
En función del debido proceso que esgrimen delincuentes, los militares debieron de ser liberados.
Queda, en todo caso, el expediente de irregularidades que se usaron para afectar la credibilidad de militares que fueron arrestados durante dos años a base de mentiras y las afectaciones a sus familiares y su institución. Los datos del caso son importantes:
1.- El 30 de junio de 2014 una partida militar realizaba reconocimientos terrestres en Tlatlaya, Estado de México, y fue agredida a balazos por un grupo criminal de veinte personas que triplicaban en número y en armamento a los soldados.
2.- En ese suceso se liberaron a mujeres que dijeron haber sido secuestradas, pero luego se determinó que eran cómplices, sin embargo, como supuestas secuestradas dijeron que los militares habían ejecutado a los delincuentes.
3.- En el operativo hubo decomiso de sus armas: 25 armas largas (AK-47, R-15 y dos escopetas), trece armas cortas, una granada de fragmentación, ciento trece cargadores, cuatro mil cartuchos y tres vehículos robados.
4.- Pruebas periciales probaron que los delincuentes habían disparado armas de fuego.
5.- Pruebas periciales demostraron también que los delincuentes muertos mostraban impactos a distancia y no de cerca, como habían dicho algunos testigos en su acusación de ejecuciones.
6.- Las supuestas víctimas se enredaron en sus declaraciones: primero dijeron que fue una agresión, tres meses después afirmaron que se trató de dos eventos de pocos minutos y luego que duraron una hora; se equivocaron en las horas, dijeron que los militares llevaban el rostro cubierto, pero luego identificaron en fotos a militares.
Los tribunales civiles que han aplicado a militares en casos de seguridad son muy precisos en sus exigencias de veracidad en declaraciones. Varios militares fueron encarcelados en base al procedimiento civil; pero ahora el resultado final determinó la falsedad en las declaraciones, pero sin que se hayan dado las disculpas del caso. En los hechos, varios militares fueron encarcelados y afectadas sus familias.
El caso Tlatlaya fue explotado por organismos civiles defensores de derechos humanos como un ejemplo de “ejecuciones extrajudiciales” y se aportaron como elementos informativos de prueba para reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos acreditadas y éstas las incluyeron en informes que acusaron a México y al ejército de abusos de fuerza, incluso cuando aún estaba en indagatorias el proceso judicial civil.
Pero comprobada legalmente la falsedad en las acusaciones, ¿quiénes van a disculparse con el ejército por acusarlo casi de genocida? Lo importante para los militares es que los habitantes de la zona confían en el ejército más que en otra institución y que la delincuencia bajó por la vigilancia militar. Queda la lección institucional de que el ejército se sometió a tribunales civiles y salió exonerado y que las fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos.
Política para dummies: la política es la mentira en forma de verdad.
CARLOS RAMÍREZ
http://indicadorpolitico.mx
@carlosramirezh
