Si la elección de gobernador de Coahuila va a ser un elemento catalizador de su autoridad política y moral, entonces el Instituto Nacional Electoral se perfila como el factor de incertidumbre y parcialidad en las elecciones presidenciales. El tira-tira con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va siendo una lucha perdida por el INE.
Lo malo, sin embargo, es que el organismo encargado de organizar las elecciones ha ido perdiendo consenso. En los últimos meses, el TEPJF, el Senado y hasta –al parecer– la Presidencia de la República han atropellado al consejo general del INE por los casos de Coahuila, las directrices electorales para meterse contra la libertad de opinión de medios y la difusión de encuestas que violan las reglas del instituto.
El consejero presidente Lorenzo Córdova ha sido rebasado por la reorganización de las reglas electorales, pero más por falta de liderazgo interno y por el desconocimiento de las prácticas electorales reales que no enseñan en la academia. Así, las del 2018 serán elecciones más delicadas que las de 2000 y 2006.
Uno de los temas a debate es el de las encuestas. En su afán por aplicar a rajatabla sus propios lineamientos, el INE tiene demandados a medios de comunicación por la publicación de encuestas, sin embargo, el asunto no es tan sencillo: el INE carece de conocimiento jurídico para respetar el principio del derecho que dice que toda acusación debe estar ajustada estrictamente a la ley. Y muchos sondeos o pulsos son asumidos por el INE como encuestas y confunde sondeo de partidos con tendencias de candidatos que aún no existen legalmente.
Esta semana circuló en redes periodísticas una nueva entrega de una encuesta acreditada a la Presidencia de la República y su contenido –que maneja tendencias de precandidatos o aspirantes– en los hechos viola las restricciones del INE. Lo malo para el instituto es que esa encuesta no ha sido reconocida por la Presidencia, algunos la abonan al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los más le dan validez oficial. Pero los que la difundan estarían violando las restricciones del INE y podrían ser multados con cifras multimillonarias, inclusive esa multa podría ser endosada al Cisen y a la Presidencia. Pero hasta ahora el INE mira hacia otro lado.
El caso Coahuila ha sido de ridículo para el INE: siguiendo las consignas del PAN de Ricardo Anaya, el INE ha movido a su antojo la cifra de gasto de campaña del PRI con el propósito de acreditar rebase de gastos y por tanto anular las elecciones. Pero el Tribunal ya le corrigió la cifra de gasto del INE y le ordenó ajustarla, pero de nueva cuenta hace horas el INE volvió a reclasificar el gasto para probar gasto rebasado y anular las elecciones. El último ajuste también será aplastado por el TEPJF.
Y el INE redactó unas reglas de opinión en medios electrónicos para meterse en contenido editorial, pero el Senado reformó la ley de telecomunicaciones y las instrucciones coercitivas del INE fueron anuladas en los hechos. El INE de Córdova se ocultó detrás del derecho de las audiencias para coartar la libertad de opinión de medios y en las políticas editoriales que requieren libertad absoluta.
Así, el INE llegará al 2018 con autoridad disminuida por la inexperiencia y falta de liderazgo del consejero presidente.
Política para dummies: La política es la facultad para darse a respetar en momentos de intensidad, no para servir a intereses oscuros.
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