Sin lugar a dudas el repunte del crimen organizado encuentra explicación en el comportamiento de los intereses políticos, de los políticos, y del abandono que han tenido en ocasiones las dependencias del Gobierno cuando de combatir al crimen se trata.
Lo peor es que los estados no cuentan con la estructura policial para impedir que las grandes bandas o corporaciones criminales se asienten en sus territorios porque corresponde al Gobierno Federal combatirlas.
Uno de los paraísos turísticos del país es, sin lugar a dudas, la llamada “Riviera Maya”, que concentra mayormente las bondades naturales del estado de Quintana Roo, y que en las últimas semanas se ha visto ensombrecida por la actividad criminal que desde hace tiempo sentó sus reales en Cancún y Playa del Carmen, dos de los destinos más solicitados por el turismo extranjero de alta rentabilidad económica.
El problema para los quintanarroenses es que la permisibilidad de operar en el territorio ocurrió durante el Gobierno de Roberto Borge Angulo, quien de manera complaciente toleró que los principales jefes de sus corporaciones policiales se asociaran con los criminales antes que responder a las necesidades de los pobladores y protegerlos de los efectos secundarios de la violencia desplegada por los grupos que controlan los flujos de droga en la zona.
Pero también hay que subrayar que el señor Roberto Borge Angulo no hubiera tenido la posibilidad de realizar este tipo de componendas si no hubiera contado con la complacencia de las autoridades federales, que estuvieron enteradas todo el tiempo de lo que ocurría en el sureño estado y solamente asumieron una actitud contemplativa.
En Bucareli nunca hubo la intención de corregir y, mucho menos, de hacer un fuerte llamado de atención al ex gobernador.
Las consecuencias las vive ahora el gobierno encabezado por Carlos Joaquín, y hay que remarcar que la obligación de los gobiernos estatales es brindar seguridad a sus pobladores, pero el combate al crimen organizado es potestad de la Federación.
No obstante, es preciso señalar que la activación de los mecanismos de implementación de los sistemas federales de combate al flagelo de las drogas es discrecional, lo que habla de la poca disposición mostrada por el ocupante de Bucareli para auxiliar ya no al gobierno del estado, sino a los quintanarroenses en general.
Con Roberto Borge hubo complacencia para que se entendiera con los criminales, pero con Carlos Joaquín, quien ha solicitado reiteradamente el concurso de la Federación para resguardar una de las mayores zonas de generación de riqueza en el país, el apoyo se está tardando mucho.
¿Será porque es un gobernador de oposición? ¿O quizá es que el señor Osorio tiene especial interés en que no existan los éxitos en un estado de oposición a sus aspiraciones presidenciales? Mientras tanto, que se jodan los ciudadanos. Al tiempo.