Después de los acontecimientos ocurridos en Palmarito Tochapan, en Quecholac, Puebla, la Secretaría de la Defensa Nacional se comprometió a realizar el análisis de los videos donde se observa a un soldado ejecutando a un sicario durante una refriega en la que murieron algunos de sus compañeros en un enfrentamiento con huachicoleros el pasado tres de mayo. El compromiso es revisar el material para verificar su autenticidad y deslindar responsabilidades.
Hay que señalar que los huachicoleros obtienen ganancias mensuales superiores a los mil 600 millones de pesos tan sólo en Puebla, donde se han descubierto mil 881 tomas clandestinas, lo que habla de una estrategia bien organizada para hurtar los bienes de la nación. Pero también hay que decir que estas bandas utilizaron como escudos a los pobladores en la pasada refriega para evitar que los soldados respondieran al fuego que ellos mantuvieron, y que ocasionaron la muerte de cuatro elementos.
Las autoridades poblanas informaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el municipio de Quecholac no cuentan con cámaras de seguridad en el punto donde se dio el enfrentamiento entre militares y delincuentes, por lo que se infiere que fueron los miembros del crimen organizado quienes pudieron haber editado los videos antes de darlos a conocer a la opinión pública, con la intención de culpar al Ejército Mexicano.
Al igual que los presuntos activistas que acompañan siempre a los normalistas de Ayotzinapa, la estrategia de culpar al ejército de delitos no cometidos siempre pone en tela de juicio la legalidad de la violencia institucionalizada. En el caso que nos ocupa, en el video se observa a un sujeto en una BMWX5 que es propia de las organizaciones delincuenciales, por lo que no pudo ser un campesino del poblado. La pregunta es: ¿dónde están las cámaras 1 y 3?
¿Cabría la posibilidad de que el sujeto haya sido ejecutado por los mismos cómplices para evitar que los delatara? ¿A quién le beneficia retirar al ejército de las calles? Estas y muchas dudas más debiéramos responder antes de seguir permitiendo el linchamiento de una de las instituciones que han sido pilares fundamentales de la vigencia del país. ¿No sería mejor analizar la posibilidad de que un pueblo entero haya sido dominado por el terror de la delincuencia?
Cualquier persona en uso pleno de sus derechos jamás permitiría que sus familiares fueran utilizados como escudo humano para proteger a delincuentes, pero así ocurrió en el enfrentamiento en que murieron cuatro soldados. No podemos permitir que en estos momentos de crisis se derrumbe el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas porque el siguiente paso sería el caos delincuencial. No están ahí porque quieran, sino por la ineficiencia y colusión de las policías con el crimen organizado. Al tiempo.
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