Aunque no es un tema que motive a las masas a participar, la corrupción de casos escandalosos ha encontrado en la disidencia, la oposición y los antisistémicos el tema para arrinconar al presidente Peña Nieto y para marcar a su candidato presidencial priista como la tapadera transexenal.
En junio de 1985 el ensayista y poeta Gabriel Zaid publicó en la revista Vuelta el texto “Escenarios sobre el fin del PRI”. Uno de ellos sería el de la aparición de un ayatola contra la corrupción, un líder social casi religioso tipo Jomeini y su revolución popular religiosa de 1979 que derrocó al Sha de Irán.
En ese tiempo, Zaid no pareció convencido: “una limpia que viniera de arriba sería bien recibida, hasta con una desagradable simpatía por la mano dura”. Pero “un movimiento en sentido contrario, un repudio popular a la corrupción de arriba, que tomara las armas siguiendo a un ayatola, parece improbable”.
En 1985 comenzaba el ciclo de los tecnócratas ajenos a las corruptelas de los políticos tradicionalistas; el PRI perdía elecciones municipales, y el país se encaminaba al colapso electoral de 1988 y la ruptura interna en el PRI.
Y si la corrupción de antes de 1985 era indignante, la que vino después fue más agresiva y corrosiva. De 1985 al 2017 –32 años, seis gobiernos, dos del PAN– la corrupción se ha multiplicado geométricamente: presidentes, gobernadores, alcaldes, policías, legisladores y funcionarios son señalados abiertamente en medios por corrupción.
La corrupción aparece sistémica y de régimen, no como anomalía.
Una revolución silenciosa desde abajo hacia arriba ha ondeado hoy el tema de la corrupción y un sistema político con legitimidad disminuida ha aceptado la presión y ha comenzado un proceso de construcción de un sistema nacional anticorrupción. Sólo que con una circunstancia agravante: el sistema acusado de corrupción construye su tribunal anticorrupción.
El sistema nacional anticorrupción como exigencia y propuesta social ha sido distorsionado, si no es que… corrompido.
Políticos acusados de corrupción y en alguna ocasión involucrados en investigaciones aparecen como candidatos a cargos de elección popular; el sistema político, es cierto, se los permite.
Pero en el fondo, se trata del sistema político priista –aun gobernado por la oposición– que cambia las imágenes y los partidos, pero mantiene los métodos.
De lo discutido hace dos años como sistema nacional anticorrupción a lo aprobado ahora en la zona legislativa hay un retroceso que se quiere presentar como avance. Pero es lógico: el sistema político no se quiere morder la cola; un sistema nacional anticorrupción sólo sería escenario del fin del PRI… y de la oposición que ha heredado la corrupción como sistema.
El fiscal anticorrupción, que saldrá de una lista donde predominan exfuncionarios de la PGR y el sistema nacional anticorrupción manejado por exfuncionarios del mismo sistema/ régimen/Estado, de ninguna manera garantiza que la reordenación ética del gobierno, de la política y de las prácticas cotidianas vaya en el sentido de castigar/ impedir/ la corrupción.
El problema para el presidente Peña Nieto y para el PRI no serán el sistema anticorrupción y el fiscal, sino las acusaciones de corrupción contra el gobierno peñista como bandera opositora para dinamitar al candidato presidencial priista en el 2018. La oposición va a repetir a nivel presidencial las sucesiones estatales perdidas por corrupción de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge como bandera de campaña en las elecciones presidenciales.
Política para dummies: La política es el campo de batalla en el que ganan los audaces e imprudentes