Cuando llegó al gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín pudo constatar muchas de las cosas que de su antecesor se decían, sobre todo aquello de que manejaba el patrimonio de los quintanarroenses como si fuera propio, y que además disponía de forma cínica e impune gastando enormes cantidades en beneficio propio, de sus familiares y los amigos de los que se rodeó para hurtar, robar y saquear. No es gratuito que cínicamente haya adquirido un naviera para su padre.
No sé si algún día el Presidente de la República se levantará con las ganas de imponer el orden y la justicia contra aquellos que dispusieron de los recursos públicos para darse una vida de lujos, excesos, dispendio y, sobre todo, para asumirse como magnates gubernamentales con gastos exhorbitantes con cargo a los contribuyentes, esos que nunca recibieron beneficio alguno por el pago puntual de sus impuestos y contribuciones.
El señor Roberto Borg Angulo ha entrado a la historia moderna del país como uno de los grandes depredadores, solamente superado por el prófugo veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
Desde la comodidad de sus propiedades en Canadá, adquiridas con dinero público, estará al tanto de lo que ocurre en México y en el resto del mundo que conoce muy bien gracias a los viajes de placer que cada quince días se proporcionaba en compañía de sus cómplices.
Las bacanales catorcenales en Barcelona costaban al menos cinco millones entre el alquiler del Jet que lo trasladaba al igual que a sus amigos y las féminas de ocasión, el uso de los palcos más caros del estadio y las juergas en la zona de restaurantes donde se le recuerda como un generoso anfitrión que cumplía los deseos de sus amigos en la selección de vinos y viandas, claro está, con dinero de sus gobernados.
Hoy Quintana Roo enfrenta momentos amargos. Los trágicos hechos ocurridos en Playa del Carmen y el atentado a la sede de la Fiscalía del Estado, así como al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, habla de que las mafias consentidas por Roberto Borge Angulo siguen vigentes y ahora buscan imponer condiciones a un gobierno surgido de la voluntad popular hastiada de tanta corrupción y delincuencia gubernamental.
Es la hora de que la Federación acuda al auxilio del gobierno encabezado por Carlos Joaquín González. También que el Presidente de la República tome la decisión de castigar a los saqueadores de las arcas públicas. El mandatario quintanarroense ha dicho que va con todo por la imposición del Estado de derecho, y lo menos que puede hacer el señor Peña Nieto es apoyar ese propósito.
El encarcelamiento de los señores Borge y Duarte tiene que ser una de sus prioridades. Un policía muerto, cuatro delincuentes abatidos y cinco detenidos es el saldo. ¿Cuándo la pagará Roberto Borge Angulo? Al tiempo.