Sin lugar a dudas la política de este país ha llegado a un brutal estado de degradación que raya en lo impensable. Nuestra desgracia radica no tan solo en los índices de corrupción o en el cinismo de nuestra clase política, también abona esa infinita improvisación para transformar la circunstancia propia lanzando acusaciones a los demás como una forma de limpiar prestigios ante una opinión pública complaciente y ausente de la toma de decisiones. Para decirlo mejor, los mexicanos nos acostumbramos tanto al hurto político, que observamos impávidos lo que ocurre sin decir nada.
También nos hemos acostumbrado a la pobreza mental y a la sevicia de esos hombres y mujeres que, en esencia, debieran procurar el bien común, y solamente visualizan su participación en el quehacer público como una forma de acumular riqueza en el corto plazo de la manera más impune. No hay día que pase que no podamos enterarnos de los brutales actos de saqueo que organizan las camarillas de delincuentes del servicio público.
Esa es una de las mayores desgracias que enfrentamos como sociedad y como nación, y el costo resulta estratosférico, porque sale del bolsillo de quienes tributamos. Pero el mayor daño recae en esas clases menesterosas a las que se mantiene como rehenes de los programas sociales que se planean de acuerdo a los apetitos de los grupos políticos y de quienes los encabezan. Por eso no hemos podido romper con el círculo de la pobreza, que cada día se ensancha más. El calificativo de “política mercenaria” es el epíteto más adecuado para nuestra circunstancia como sociedad.
El coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, hizo gala de su valentía y lanzó un llamado a la Auditoría Superior de la Federación a interponer ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por los pagos excesivos e improcedentes por más de mil doscientos 50 millones de pesos que Pemex hizo a Odebrecht y otras empresas en el año 2016, con la finalidad de evitar la impunidad de la corrupción.
En lo personal creo que ha llegado la hora que tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de la Función Pública comiencen a responsabilizarse de cumplir y hacer cumplir la ley, porque ese es su trabajo. Pero también es la hora de que los mexicanos exijamos responsabilidad desde la representación popular para dejar de medrar políticamente con las desgracias que a este país le ha causado su clase política. Si Marko Cortés tiene ansias de convertirse en paladín de la justicia debiera comenzar por solicitarle al dirigente de su partido que intente explicar la procedencia de su inusitada riqueza, y si no la justifica como hasta ahora ha ocurrido, que tenga la valentía de denunciarlo ante las autoridades correspondientes por enriquecimiento ilícito. Eso sería más ético que andar lanzando culpas a los demás cuando de obtener créditos políticos se trata. Lo que hace pobre a México es la pobreza de su clase política. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com