Las recientes declaraciones de Luis David Fernández, subsecretario de Control y Auditoría del gobierno estatal, han provocado una interesante controversia, al anunciar un nuevo paquete de denuncias penales contra ex funcionarios de las administraciones de Alfredo del Mazo y Eruviel Ávila Villegas, que podrían desembocar en serias repercusiones judiciales.
Uno de los nombres mencionados es el de Alejandro Bulnes Méndez, quien ocupaba el cargo de coordinador de Servicios Auxiliares, Contingencias y Emergencias en la Secretaría de Finanzas, designado por Rodrigo Jarque Lira en junio de 2019.
Según las investigaciones del funcionario estatal, se ha corroborado un sobrecosto significativo en el mantenimiento y pintura de aeronaves, así como irregularidades en la adquisición de refacciones por parte de la empresa Ale Service Center, acumulando un total de 26 millones de pesos en presuntas malversaciones.
No obstante, algunas voces críticas sugieren que estas denuncias podrían ser más un gesto superficial que un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción. Se argumenta que casos como la construcción incompleta de nueve hospitales durante la gestión de Eruviel Ávila Villegas, o los contratos cuestionables de pavimentación que generaron vialidades con baches en corto plazo durante el mandato de Alfredo del Mazo, representan verdaderos focos de corrupción que merecen una atención más exhaustiva.
Es cierto que los 26 millones de pesos denunciados no son insignificantes, pero frente a un presupuesto estatal que supera los 350 mil millones de pesos, el impacto económico directo puede parecer limitado.
Sin embargo, a casi un año de asumir el cargo, muchos ciudadanos no perciben aún el cambio prometido. La eficacia y el verdadero impacto de estas acciones judiciales serán decisivos para demostrar la autenticidad de las intenciones gubernamentales en la erradicación de prácticas corruptas arraigadas en la administración pública mexiquense.
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