Si la Constitución ha desarmado al Estado con la prioridad de los derechos humanos, la amnistía de López Obrador a jefes del crimen organizado terminó de cerrar el círculo del problema con la inseguridad: México enfrenta una crisis de Estado y no de derechos humanos y EU espera el retiro de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior para aterrizar en territorio mexicano y consolidar la verdadera colombianización con el argumento del crimen organizado transnacional.
A punto de saber si la Ley de Seguridad Interior (LSI) se aprueba o se cancela –y no habrá otra oportunidad–, quedan en el ambiente cuando menos tres hechos:
1. Ninguna oficina del Gobierno Federal, ni el área de comunicación social salió a arropar el proceso del primer tiempo de aprobación de la ley. La ofensiva de activistas y partidos de oposición no encontró a nadie defendiendo el fuerte de la ley. Sin el apoyo táctico de una estrategia de comunicación, la ley fue derrotada en medios y no con argumentos. Si ésa era la apuesta del Gobierno, entonces hubiera sido menos desgastante para las Fuerzas Armadas que no se promoviera. El Gobierno Federal dejó la impresión de que el tema era prioridad militar y no gubernamental.
2. La LSI debe leerse como el fin de la virginidad social del Estado; ya no se trata de papá-Estado que antes defendía a todos los mexicanos; hoy la sociedad está pluralizada, con posiciones tan extremas como López Obrador y Morena que quieren liberar a jefes del narco y del crimen. El Estado social paternalista fue liquidado por el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. Por eso es que la seguridad del Estado se debe profesionalizar; los grupos antisistema y anti-Estado no sólo se han fortalecido dentro del escenario de derechos humanos, sino que aspiran a llegar al poder por la vía democrática. La guerrilla zapatista que se alzó contra el Estado y que le declaró la guerra al Ejército mexicano quiere competir por la vía legal por la Presidencia. El viejo Estado de la Revolución Mexicana fue totalizador; hoy es inexistente. Por eso la seguridad del Estado nacional requiere de una doctrina de defensa, y más en el escenario de las presiones estadounidenses para meterse en México.
3. En este sentido, los problemas de seguridad representan una crisis en la vigencia del Estado constitucional, no un asunto de derechos humanos. Es un despropósito suponer la militarización de la República con un Congreso plural, gubernaturas plurales, Suprema Corte independiente, sociedad activista por encima de partidos, medios de comunicación con espacios de libertad absoluta, CNDH que puede acusar a instancias del Estado de violaciones de derechos y obligarlo a someterse y un PRI debilitado con 40 por ciento de fuerza presidencial, legislativa y de gubernaturas. Si las Fuerzas Armadas en ningún momento han expresado deseos de gobernar, es una falta de respeto hablar de golpe de Estado o de militarismo.
Estos tres puntos confluyen en una conclusión: mientras el sistema político civil regatea la crisis de seguridad interior, el crimen organizado se internacionaliza, fortalece, y rearma y aumenta su penetración en las estructuras del Estado, el gobierno, el sistema político y la sociedad. Sin seguridad interior legislada, entonces habrá que hablar de seguridad nacional por la presión del Ejército de EU para cubrir aquí lo que niegan a las Fuerzas Armadas mexicanas.
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