Vladimir Galeana
En este país los ciudadanos traemos la ruta extraviada desde el momento en que las estructuras gubernamentales perdieron la capacidad de protegernos, guiarnos, orientarnos y hasta procurarnos al menos, la tranquilidad y la calma para realizar nuestra convivencia de forma normal. Es difícil decir cuándo fue que perdimos la tranquilidad y los miembros del crimen decidieron organizarse para mantener mayor y mejor presencia en casi todo el país, hasta convertirnos en rehenes.
No sé cuándo las estructuras gubernativas dejaron de ser eficientes en materia de seguridad pública y los activistas de derechos humanos extraviaron la ruta y decidieron proteger delincuentes, inadaptados, desestabilizadores, y convertir a los policías de todo el país en blancos favoritos cuando de emitir recomendaciones se trata. A los únicos que no protegen los derechos humanos es a quienes cumplimos cabalmente nuestras obligaciones ciudadanas.
Si yo me atreviera a destrozar un ventanal de una dependencia pública, sería inmediatamente encarcelado hasta que cubriera el total del daño causado y el encierro que imponen los tipos penales.
Pero tratándose de activistas, anarquistas, normalistas, y las huestes más radicales del populismo rampante de quien se piensa ya el dueño de la voluntad popular de este país, pueden hacer lo que quieran porque la ley no se aplica. Basta ver el muladar en que han convertido todos los monumentos de la avenida Reforma en la Ciudad de México.
Ante tal impunidad y extravío del sentido de legalidad, ahora los legisladores de Nuevo León decidieron que en el caso de un asalto o robo con violencia, la víctima podrá dañar, lastimar, e incluso matar al delincuente, y estará amparado por la ley debido a los cambios al Código Penal aprobado ayer lunes en el pleno del Congreso local. Esto no es más que la muestra palpable de la ineficiencia de las autoridades para contener a la delincuencia.
No sé en qué estarían pensando los señores legisladores para otorgar a los ciudadanos permiso para matar con cuanto delincuente se topen. El problema es que la mayoría de quienes portan armas no sabrán cuáles son los linderos de la legítima defensa y el exceso de legítima defensa. Mucho menos aquellos que amparados en una turba hagan uso de esa permisibilidad y lamentable legitimidad para convertirse en vengadores anónimos o execrables reivindicadores de la justicia y el orden.
¡Qué brutal idiotez de los miembros del Congreso en Nuevo León! ¡Qué despreciable forma de intentar resolver los problemas de inseguridad, otorgando facultades de exterminio a los simples ciudadanos! ¿A qué grado de barbarie hemos llegado ante la ineficiencia de nuestras policías y la abdicación de los gobernantes de su obligación de protegernos? ¿Entenderá el señor gobernador Jaime Rodríguez Calderón lo que puede ocurrir? Si tiene un poco de conciencia vetará tamaña estupidez. De lo contrario, quien participa en una estupidez, es un estúpido. Al tiempo.
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