El pasado domingo, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer sus “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana” que regirán la acción del Gobierno Federal tan pronto el Congreso de la Unión apruebe nuevas leyes, modifique leyes vigentes o reforme la Constitución federal.
Es muy probable que muchos de estos lineamientos se adopten en los 17 estados donde las próximas legislaturas estarán controladas por Morena y sus aliados. Estas entidades son Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y, también es probable que las legislaturas de los otros 15 que no quedarán bajo el control de los lopezobradoristas adapten sus leyes locales o prefieran ser calificadas de promotoras de la corrupción y el dispendio.
En este espacio me es imposible enumerar cada una de los lineamientos, pero éstos pueden leerse en https://bit. ly/2Jx5OMe, y tienen como objetivo ahorrar dinero público, transparentar el uso del presupuesto federal, prevenir el despilfarro del dinero de todos los mexicanos, castigar conductas deshonestas de los funcionarios, eliminar abusos del poder que la alta burocracia ha cometido desde hace décadas, modificar la relación de todos los burócratas con la población a la que supuestamente deben servir, entre otros.
Además de que el próximo presidente de la república ganará menos de 50 por ciento de lo que se le paga al actual, todos los funcionarios que ganen hasta un millón de pesos al año verán reducidos a la mitad sus sueldos, no gozarán de seguro privado de gastos médicos ni caja de ahorro, no podrán tener guaruras (excepto los que tengan tareas relacionadas a la seguridad), no tendrán secretarios particulares (excepto secretarios de Estado), no podrán tener policías ni militares cuidándolos, no recibirán bonos de ningún tipo ni pagos en especie (el sueldo será el sueldo), se suprimirán todas las oficinas que dupliquen actividades (como oficinas de prensa de las dependencias que dependan de una secretaría), los viáticos serán mínimos, los viajes al extranjero deberán ser aprobados por el superior, no podrán utilizar aviones ni helicópteros privados, no podrán cerrar calles mientras transitan por ellas, etcétera.
Es importante resaltar que se reformará el artículo 108 Constitucional para que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por “delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción” y que los funcionarios dejarán de gozar de todo tipo de fueros y privilegios.
Los lineamientos buscan que los funcionarios se conviertan en verdaderos servidores públicos y no, como hasta ahora ha sido el caos, se sirvan del público para aumentar su patrimonio y darse la gran vida. Buscan cambiar la cultura que hasta ahora ha imperado en una burocracia abusiva que es detestada por la mayoría de los mexicanos. Ojalá que los 50 funcionen en los hechos.