En los siguientes días la Cámara de Diputados tendrá que renovar o, en su caso, reelegir al auditor superior de la Federación por ocho años.
Sin lugar a dudas, Juan Manuel Portal ha realizado un papel decoroso, aunque también habrá que decir que existen muchos rubros que han quedado pendientes no sé si por descuido o simplemente porque no quisieron hacer las cosas. O quizás es que hubo alguien que así lo haya solicitado muy atentamente, o simplemente le prohibieron entrar en terrenos prohibidos.
En lo personal considero que el señor Portal tiene méritos suficientes para mantenerse al frente de la dependencia por la mejora indiscutible en la metodología del sistema de auditorías, la creación de áreas como la auditoría tecnológica y la auditoría forense, que en conjunto lograron observaciones, señalamientos y sanciones administrativas, a la vez que procedimientos resarcitorios, y presentación de denuncias penales en diversas dependencias.
Pero también hay que señalar que es lamentable que la Procuraduría General de la República no haya considerado tener los elementos suficientes para consignar y sujetar a proceso penal a los funcionarios señalados por el señor Portal. Salvo casos muy sonados como los exgobernadores Andrés Granier, Guillermo Padrés, Javier Duarte o Roberto Borge, no ha existido un seguimiento en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad u otras dependencias como las universidades, ente ellas la Autónoma del Estado de México.
Es en esta última casa de estudios, donde a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM se realizó la subcontratación de empresas partículas para entregarles contratos para la prestación de servicios al Consejo Nacional para La Cultura y Las Artes, la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, entre otros, quienes durante las administraciones de Eduardo Gasca Pliego y Jorge Olvera García, y con el apoyo de funcionarios como Erick Torres Mulhia, actual director general del Fondict UAEM, simularon contar con infraestructura tecnológica y de servicios de la universidad para ganar licitaciones.
Esto no hubiera ocurrido si la Auditoría Superior de la Federación hubiera realizado el seguimiento de sus recomendaciones para que la UAEM cumpliera con lo que anunció en noviembre de 2016 en sesión del Consejo Universitario el entonces rector Jorge Olvera García, hoy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la extinción y liquidación del Fondict. Este hecho no ha ocurrido, y eso le ha dado oportunidad a Erick Torres Mulhia, hombre muy cercano a Olvera García, de realizar un nuevo convenio de colaboración con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, y el nuevo rector Alfredo Barrera Vaca.
El Fondict sigue en funciones, y como este ejemplo hay muchos. A Juan Manuel Portal lo evaluarán los legisladores por sus resultados y no por sus declaraciones. Se le evaluará su eficiencia en función de que haya logrado el regreso del dinero mal habido a la Tesorería de la Federación, pero sobre todo, en el seguimiento puntual de sus propias observaciones y recomendaciones, que en caso que aquí relato, no se han cumplido.
Otro si digo: el mandatario de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, reconoció la labor del Gobierno Federal y la lucha histórica de Rosario Ibarra de Piedra. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, es la culminación de un largo proceso, acción valiente que permitirá dejar atrás esta historia de México. “Estableciendo que el estado de derecho prevalece”, expresó Graco Ramírez. Al tiempo.
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