En una economía globalizada, donde los avances tecnológicos aceleran nuestra capacidad productiva y facilitan las tareas cotidianas, el acabar con la pobreza como política para democratizar la prosperidad, se ha vuelto la prioridad número uno. Por ello, las Naciones Unidas han puesto en la agenda del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado ayer 17 de octubre, la necesidad de impulsar la participación social para hacer frente a la exclusión que sufren millones.
En esta línea, el presidente Peña Nieto impulsó una política de desarrollo que reconoce que la pobreza no es el resultado de solamente la falta de ingresos, sino que implica una relación de diversos factores que impiden el pleno ejercicio de los derechos sociales que tenemos todos los mexicanos.
Por eso, hemos emprendido acciones para promover el acceso a la seguridad social y a la educación, y sobre todo, garantizar lo más básico, como una alimentación de calidad y servicios básicos para todos.
De esta manera, entre 2012 y 2015 la carencia de seguridad social para los Adultos Mayores cayó 30%, al mismo tiempo que el programa Prospera apoya la educación de 6.2 millones de menores en todo el país. Además, el acceso a electricidad tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales en 25 años, mientras que en un esfuerzo sin precedentes, Liconsa apoya la economía familiar de 6.4 millones de beneficiarios del Programa de Abasto Social.
Si bien es cierto que aún hay mucho por hacer, tenemos que reconocer que el camino es más claro que antes, gracias a la participación de la ciudadanía para dibujar estrategias que han probado ser eficientes. Ahora, como lo ha señalado el Secretario Miranda, el reto será reforzar la cohesión social para poner punto final a la pobreza y marginación que lastiman a México.
Nuestro Dato: De acuerdo al Índice Global del Hambre 2016, nuestro país mejoró su indicador 33% en dieciséis años.