Al comenzar el año de 1990, el entonces regente Manuel Camacho Solís se reunió por separado con varios periodistas críticos para pedirles que aceptaran escoltas policiacas especiales porque el ambiente se estaba enrareciendo. Con columnistas y articulistas su argumento fue impecable: “no quiero otro Manuel Buendía”, el columnista asesinado en las calles del DF.
La fotografía del cuerpo del periodista sinaloense Javier Valdez en las calles del centro de Sinaloa esta semana remitió a la imagen del cuerpo de Buendía en 1984 en la entonces Zona Rosa de la ciudad.
Un sicario se acercó por la espalda y le disparó a quemarropa. Buendía había publicado un par de columnas sobre el avance del narcotráfico en el sur del país y decía que iba a difundir nombres de políticos, funcionarios y policías que protegían a los nacientes cárteles del narcopoder. Valdez había revelado complicidades políticas con el narco.
La reunión en Los Pinos del Presidente de la República con los miembros de la Conago y las instituciones de impartición de justicia y vigilancia de derechos humanos fue entre la élite del poder y mostró con sus decisiones que el problema de la violencia criminal carece de soluciones a corto plazo.
Y fue más significativo el hecho de que los periodistas volvieron a salir a la calle a protestar, sin que hasta ahora hayan podido organizarse para proponer soluciones y no demandas, ni hayan creado organismos especiales para la defensa del derecho a publicar, Lo más importante de los casos de Buendía a Valdez –treinta y tres años– radica en el hecho de que el crimen organizado ha fortalecido sus relaciones con instancias del poder político institucional. Valdez había publicado columnas que obligaban a revisar el equipo de seguridad pública del gobernador anterior Mario López Valdez por sus relaciones con el cártel de El Chapo. De nueva cuenta el poder político articulado al poder criminal.
El clima de violencia que afecta a los periodistas es reflejo de la crisis del Estado mexicano. La reunión en Los Pinos careció de resultados concretos porque al final de cuentas el problema no tiene que ver con la seguridad de los periodistas sino con la inseguridad de la república, de los ciudadanos.
La respuesta institucional fue equivocada porque se centró en el aislamiento del problema como asunto de gremio y de libertad de expresión y porque se agotó en el tema de la impunidad. Pero la crisis es mucho mayor: es un asunto de crisis de los elementos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y poco que ver con expedientes rezagados. El Estado no quiere reconocer que el problema de la criminalidad contra la sociedad no es de impunidad o cumplimiento de procesos penales, sino de complicidad porque estructuras del Estado no cumplen sus funciones por estar articuladas al crimen organizado.
Así, la crisis tiene que ver con el narcopoder, a partir del criterio de que el poder del Estado sólo puede transferirse a algún sector en particular sólo por decisión del propio Estado. Así, la impunidad de delitos criminales contra la sociedad y sus sectores es producto de la complicidad de instancias del Estado articuladas a los intereses criminales. Los casos de policías municipales y estatales son la prueba de que el poder de los cárteles está asociado al Estado.
Por eso las decisiones del miércoles en Los Pinos fueron un placebo, una mera distracción coyuntural.
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