Por: Vladimir Galeana
Sin lugar a dudas, el señor Miguel Ángel Mancera puso el dedo en la llaga cuando señaló que existía la posibilidad de que cuatro mil delincuentes probados y comprobados salieran a las calles porque el nuevo modelo de justicia penal, que se implementó en el país, lo permitiría.
Desde luego que eso alertó no tan sólo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también cimbró los cimientos de esa sociedad a la que pertenecemos.
Los mexicanos observábamos esta reforma jurídica como la solución a muchas cosas que ocurren sobre la aplicación de las leyes en materia de injusticia y corrupción; pero sobre todo, a la carencia de rapidez de la justicia como lo ordena la Constitución, y a la seguridad de que los procedimientos serían menos tortuosos y que el derecho positivo mexicano entraría en una fase de pulcritud y eficiencia. Para decirlo de otra forma, lo que puede ocurrir frustraría la esperanza de muchos mexicanos por tener un sistema de justicia eficiente.
El problema es que hasta ahora, hemos tenido un sistema escrito que rebasa los límites del principio constitucional, el cual señala que la justicia debe ser pronta y expedita, que no significa otra cosa más que esa condición de acelerar los procedimientos porque el sistema escrito sólo ha generado retraso, dependencia a la voluntad del juzgador y corrupción.
Para decirlo mejor: quien no pagaba, no obtenía justicia, porque ésta se colocaba del lado del mejor postor. Por eso, siempre se afirmó que los pobres no tenían acceso a la justicia.
Hicimos muchas cosas para enmendar el camino, pero siempre, los asuntos de mayor importancia para los diputados porque hay que señalar que, para ellos, los asuntos de índole política y administrativa están por encima de todos los demás, porque son los que dejan rendimientos políticos, electorales y monetarios. Hasta ahora, han mostrado poco aprecio por la gente a la que dicen servir y todo se reduce a dinero y aspiraciones políticas.
Dicho de otra forma, primero ellos, luego ellos y siempre ellos.
Por eso, la posibilidad de que salgan cerca de cuatro mil delincuentes de la cárcel los tiene sin cuidado porque, para ellos, eso no es importante, y no llamarán a un periodo extraordinario de sesiones para evitar la salida de peligrosos delincuentes acostumbrados a causar daño a los demás. Para decirlo más claro:
No habrá periodo extraordinario de sesiones para enmendar el error que está a punto de dejar en libertad a infinidad de delincuentes peligrosos que harán de las suyas en cuanto logren alcanzar su libertad, porque es lo que mejor saben hacer.
La senadora Graciela Ortiz señaló que la prioridad será evitar que peligrosos delincuentes salgan a la calle, y que será en el siguiente periodo de sesiones cuando realicen las enmiendas necesarias. También habrá que agradecer a la Corte su yerro de la enmienda que puede dejarlos en libertad. No sé si los ciudadanos tengamos que solicitar, de la forma más atenta a nuestros legisladores, que lo hagan a la brevedad; porque si salen esos cuatro mil delincuentes de los que habló Mancera, la Ciudad de México será la capital mundial del delito. No faltará quien piense que teniendo un arma en casa o en la oficina, pudiese evitarlo; pero también la cárcel estará a la vuelta de la esquina. Pobre México con legisladores así. Al tiempo.