Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuesta a una medida extraordinaria y sin normas claras para dar una respuesta a la llamada “Ley Zaldívar”. Su silencio a lo largo de dos meses genera más ruido a su alrededor y muestra contradicciones ante un asunto que debería ser rechazado de facto por él.

Someter a consulta a los integrantes del máximo tribunal para determinar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato es aventar un volado a su suerte y prefirió adelantarse a la oposición que planean una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 transitorio.

Y es que Zaldívar juega a un coqueteo con la justicia. La vía natural para dar respuesta a esto, sería una acción de inconstitucionalidad y lo que intenta hacer el ministro presidente es adelantar tiempos y utilizar las facultades que tiene como presidente de la Corte.

El poder judicial usa la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se necesita continuidad en la permanencia de Zaldívar para llevar a cabo una reforma a este poder. Pero esta atmósfera genera una situación de mayor incertidumbre porque los ministros, de alguna manera, se adelantan y entran en jaloneo con la oposición no se ponen de acuerdo y se les va el plazo. En ese caso como una vía extraordinaria, podría funcionar la consulta interna. El precedente que deja esto es que se pueden declarar normas inconstitucionales por un mecanismo que ni siquiera está normado.

La ampliación del mandato es antinatura en un sistema democrático, pero se ha convertido en uno de los recursos de la cuatroté para experimentar la posibilidad de mantener en el cargo a un funcionario sin acusarlos de buscar la perpetuidad en el poder.

Existe una intención del ministro presidente de poner fin lo antes posible al “golpeteo” al que se ha expuesto a la Suprema Corte a raíz de esta ampliación de mandato. El mecanismo marcado por la ley para este procedimiento no es la consulta, sino la revocación de mandato, así como que ésta podrá ser votada por el pleno en cuanto el mismo Zaldívar lo permita, es decir, una vez sea presentada.

Al ser el personaje estelar por esta ampliación de mandato, Zaldívar optó por mantener un perfil bajo ante la polémica. Guardó silencio durante el debate parlamentario en torno al transitorio y, una vez aprobada, dejó la resolución final en manos de la Suprema Corte.

Alrededor de esta polémica, Zaldívar agitó el avispero al acudir en dos ocasiones a reuniones privadas en Palacio Nacional tan sólo durante mayo. El día 6 visitó al presidente López Obrador para discutir temas de Estado que requieren la colaboración entre poderes, sin entrar en mayores detalles, mientras que el 20 la visita fue a su consejero jurídico, Julio Scherer, sin que se hicieran públicas las razones del encuentro.

Zaldívar ha caído en contradicciones con la postura que adoptó, primero dijo que estaría atento a los procesos de inconstitucionalidad que fueran presentados contra la norma, pero ahora recurre a la consulta, la cual ni siquiera cuenta con un reglamento claro sobre cómo debe realizarse entre los integrantes del pleno.